Según cifras de la Junta Internacional de Estupefacientes de la ONU que supervisa los tratados de lucha antidrogas, Colombia pasó de tener 188.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 1999 a 48.000 hectáreas en 2013. A partir de este año se presentó un crecimiento exponencial que llevó al país a la cifra de 177.000 ha en 2017.  La explicación a la reducción extraordinaria de cultivos en los primeros 14 años de este siglo se debe al “Plan Colombia” estrategia bilateral cuyo objetivo era combatir las drogas y el crimen organizado para contribuir al desarrollo y la paz de Colombia que se inicia en el gobierno de los Presidentes Pastrana y Clinton y tiene continuidad con el gobierno Bush y se profundiza con el gobierno de la Seguridad Democrática del presidente Uribe.  En estos años Estados Unidos invirtió una cifra cercana a los US$10.000 millones y Colombia cerca de US $7.000 millones. La guerra contra el crimen organizado y las drogas se estaba ganando en nuestro país. El crecimiento exponencial tiene una única explicación, y es la política de apaciguamiento frente al narcoterrorismo y la humillación permanente de las Fuerzas Armadas en el gobierno Santos y la suspensión en 2015 de las fumigaciones con glifosato que obedece a acuerdos emanados de las negociaciones adelantadas en La Habana con el cartel de las Farc. En 2017 la Corte Constitucional emite fallo y condiciona de tal manera la fumigación con glifosato, que la hace inviable.

Hoy, a pesar de los ingentes esfuerzos del gobierno Duque en erradicación manual (130.000 ha el año anterior) y los continuos golpes a los narcotraficantes, estamos pasando de las 200.000 ha cultivadas y unas 1.300 toneladas de clorhidrato de cocaína al año, cifra récord de la historia que ha llevado al fortalecimiento de carteles de todo tipo: Farc, Eln, Sinaloa, Soles, Caparros, Pelusos, Rastrojos, Clan del Golfo, etc.  

El argumento del daño ambiental y a la salud del glifosato, un herbicida usado masivamente en cultivos como el café desde hace más de 30 años en Colombia, es fácilmente controvertible si se compara con el daño que causan los cultivos ilícitos, veamos: el narcotráfico emplea al año 4,1 millones de litros de ácido sulfúrico, 3 millones de litros de amoníaco, 248.000 litros de ácido clorhídrico, 102 millones de galones de gasolina y 1,4 millones de sacos de cemento que finalmente terminan contaminando el ecosistema y las fuentes de agua. La deforestación asociada a cultivos ilícitos llego a las 50.000 ha de ecosistemas estratégicos (2019). 

El enemigo de la vida y la salud no es el glifosato, es el narcotráfico, las cifras son contundentes: el año pasado entre policías, militares y civiles de los grupos de erradicación manual, 78 de ellos fueron heridos y 14 perdieron la vida. Según el CERAC, el aumento de muertos (88) y heridos (281) de la Fuerza Pública tiene en 2019 la cifra más alta desde 2015 y “tiene que ver con la situación de violencia en 5 regiones en particular: Arauca, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Nariño y Norte del Cauca, todas con una característica común: la disputa entre varios actores armados por el control de rentas como la minería ilegal y el narcotráfico”.   

Coinciden los defensores del pueblo Negrete y Camargo que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos son cometidos por todos los espectros de grupos al margen de la ley que coinciden con control de narcotráfico y minería ilegal. “No es posible detener el asesinato de líderes sociales si no se combate el narcotráfico” dice el actual Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. De los 6.000 jóvenes menores de 18 años que el año pasado habían cometido un delito, 80% eran consumidores de sustancias psicoactivas. El consumo de drogas en la juventud colombiana ha llegado a niveles insospechados, entre otras cosas por una nueva modalidad y es que los narcotraficantes les pagan a los campesinos por su trabajo con clorhidrato de cocaína, que finalmente va a parar al mercado local. Esto sin contar los miles de homicidios asociados a narcotráfico del total de 11.000 registrados en 2020. Por supuesto, capítulo aparte merece el problema de salud generado en nuestra juventud y en la sociedad por el consumo de drogas.  Otro aspecto muy grave es el impacto demoledor para la economía formal que representan los aproximadamente US $ 20.000 millones producto del narcotráfico que entran al país a través del contrabando y el lavado de activos, exacerbando problemáticas tan graves como la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la financiación ilegal de campañas políticas.   

Hay que atacar estos y todos los eslabones de la cadena de ilegalidad del narcotráfico, pero es urgente empezar con la fumigación masiva con glifosato, que tiene que ir acompañada de una política de restauración inmediata de los ecosistemas afectados, desarrollo rural alternativo e inversión en bienes públicos. Es necesario involucrar a la comunidad internacional empezando por los Estados Unidos en la urgencia de implementar un Plan Colombia 2. Si la comunidad internacional no quiere que Colombia se convierta en un narco estado neocomunista como Venezuela, debe apoyar a fondo y de manera inmediata al gobierno en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que se fortalecieron producto de los acuerdos de La Habana.