Carlos Arbeláez López


El nombramiento de José Antonio Ocampo como nuevo Ministro de Hacienda fue bien recibido por los mercados y reduce la incertidumbre frente al manejo económico del próximo gobierno.
El nuevo jefe de las finanzas públicas, quien cuenta con una larga trayectoria como exministro de Agricultura, exministro de Hacienda, exdirector de Planeación y excodirector del Banco de la República, tiene entre sus metas principales combatir la inflación, controlar las tasas de interés, recuperar el grado de inversión y asegurar el
crecimiento de la economía.
Ocampo y su equipo técnico deberán mejorar las condiciones macroeconómicas para buscar la sostenibilidad fiscal y consolidar las finanzas públicas. Si bien las cuentas nacionales mejoraron gracias a los altos precios del petróleo y al crecimiento de la economía, continúan siendo muy altos el déficit de la cuenta corriente y la deuda pública. El Comité de la Regla Fiscal advirtió que se proyecta un déficit de 5,6%, que se traduce en un desequilibrio aproximado de $83 billones. Es necesario adelantar una reestructuración en materia de impuestos que permita cumplir con el ajuste fiscal y financiar las promesas de campaña adquiridas por el presidente electo. El ajuste de las finanzas del Estado, la financiación de las reformas sociales, y la reducción de la pobreza y la desigualdad se adelantarían a través de una sola reforma tributaria estructural. El nuevo paquete de impuestos, con el que se esperan recaudar más de 50 billones, se tiene previsto radicar el próximo 7 de agosto en el congreso.
En materia de renta, el objetivo de la reforma es aumentar la tributación de las personas naturales, desmontar algunos beneficios tributarios y reducir la carga impositiva para las empresas; no extender el IVA a la canasta familiar y fortalecer los mecanismos de control a la evasión y la elusión que representan pérdidas entre $50 y $80 billones.
Adicionalmente, se gravarán las pensiones y las rentas de personas naturales (que pertenecen al 10% de la población) con un nivel de ingresos superiores a $10 millones.
El proyecto de reforma incluye una propuesta impositiva a los dividendos, y a los patrimonios líquidos de más de $1.000 millones.
Los ingresos derivados de los combustibles, y la venta de activos estatales, le bajarían presión fiscal al próximo Gobierno. Pese a que Ecopetrol ha presentado pérdidas de capitalización promedio de 10%, los ingresos operacionales de la petrolera superan los $91 billones. Gracias a la demanda de combustibles y la bonanza de precios, la Estatal ha venido presentando utilidades récord.
Con la inflación alta y el dólar en ascenso, la junta directiva del Banrepública ha venido elevando el costo del dinero. Aun cuando el promedio del IPC está en una tasa cercana a 10%, los precios de los alimentos presentan variaciones en torno al 20%. Los subsidios a los hogares pobres, que compensarían el impacto de los altos precios, estarían acompañados de una política agraria que buscaría aumentar nuestra oferta de alimentos.
La conformación de las nuevas comisiones económicas en el Legislativo le permitirá al gobierno entrante comenzar a medir las fuerzas en el Congreso; un nuevo proyecto de reforma garantizaría los recursos para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo del próximo cuatrienio. Lograr una coalición que garantice la aprobación del proyecto de ley requerirá de la socialización del nuevo articulado con las bancadas y de una verdadera concertación con las regiones, los empresarios y los gremios.
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