La lucha contra la corrupción es muy buena para que los políticos hagan campaña, pero es malísima para garantizarse gobernabilidad. Es común que exista un momento para que los políticos exacerben todas sus consignas contra la corrupción y saquen provecho de la indignación. Pero es común, también, que exista otro momento en el que prefieran relajar el discurso para que la anticorrupción en demasía no despierte ímpetus peores en los enemigos o no genere peleas con posibles aliados. Tampoco que termine como un tiro en el pie cuando el gobierno propio no quiera renunciar a las prácticas de siempre.
 Desde esta mirada, podríamos decir que no sorprende la propuesta de “perdón social” para los corruptos que estuvo exponiendo la semana pasada Gustavo Petro (https://bit.ly/3E9BZPI). Justo cuando debió salir a explicar la visita de su hermano a políticos corruptos en la cárcel La Picota.
 Ahora bien, no descarto que esto pueda ser un entrampamiento a la campaña de Petro, como empieza uno a ver en ciertos informes periodísticos. Pero como sea que se haya dado esa visita a la cárcel de su hermano, Petro se ha mantenido en su idea de “perdón social”. Incluso en un video posterior explicó que esta propuesta no implica ni indultos, ni amnistías, ni rebaja de penas (https://bit.ly/3EhCh7f).
 Tiendo a creer que a esta altura de la contienda electoral, Petro puede estar viendo un momento de esos en los que es estratégico relajar el discurso anticorrupción, o al menos presentarlo más amable. Esto le permite ofrecer mensajes más suaves con sectores señalados de corrupción que le temen o le facilita acercamientos con otros que necesita.
 Es un comportamiento tan común, que hace pensar en Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien en pleno discurso de posesión en 2018 propuso “un punto final a esta horrible historia [de corrupción]”. “Empecemos de nuevo”, dijo, “que no haya persecución a los funcionarios del pasado” (https://nyti.ms/3LZCI8W). Durante la campaña había exacerbado su discurso de ponerle fin a la corrupción. Sin embargo, semanas antes de posesionarse ya mostraba un relajamiento ante la prensa: “que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos” (https://bit.ly/3EiwDSa).
 El “perdón social” a corruptos no aparece como propuesta en el programa de gobierno de Petro (https://bit.ly/3OrylWn). En su lugar, se contempla una propuesta de justicia restaurativa en el capítulo de “Democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción”. Una persecución criminal con un enfoque más de “reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los victimarios u ofensores, la reparación del daño y la reintegración social de éstos”.
 Pensar la lucha contra la corrupción desde lógicas que usamos para derechos humanos (como reconciliación, reparación, verdad, etc) no es algo nuevo. En esta columna hemos hablado de pensar garantías de no repetición como reparación de la corrupción. Una noción de derechos que ha usado la Corporación Cívica de Caldas y el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales. También con el Cabildo Abierto de San José y otras organizaciones creamos la Comisión de la Verdad del macroproyecto San José, esto con el fin de usar metodologías de reparación no judiciales para un caso de corrupción.
 En 2020, Transparencia por Colombia y la Procuraduría publicaron el estudio “La reparación de las víctimas de la corrupción en Colombia” (https://bit.ly/3uKtKGB). Una hoja de ruta para que lo anticorrupción use nociones como daño, víctima, reparación, entre otras. Viene de lo planteado en 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Corrupción y derechos humanos” (https://bit.ly/3EmhMGI). Este ofrece recomendaciones para los Estados con el fin de combatir este fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos.
 Al final, el rechazo a la propuesta de Petro no debería ser tanto porque plantee de fondo algo desfasado, porque no lo es del todo. El rechazo sería más por la simpleza con la que la viene usando, en una estrategia conveniente de relajamiento del discurso y no en el diálogo público de una propuesta seria y con antecedentes.