Camilo Vallejo


Debajo de toda crítica al gobierno subyace una idea para gobernar mejor. Es lo que debería ver un gobernante cuando es capaz de no dejarse llevar por las malquerencias, por los debates políticos electoreros o por las opiniones periodísticas adversas. Es la idea primigenia de la democracia, en la que el buen camino está más en la transformación del permitir disensos que en la eficiencia del suponer consensos. Esta semana, la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas se encontraron una crítica que terminó convertida en idea, en oportunidad. Un pasegol, en términos futboleros. Una opción clara para definir una política de publicidad oficial.
El pasegol es la auditoría sin precedentes que acaba de hacerle la Contraloría de Manizales al contrato fallido de publicidad entre la Alcaldía y Telecafé, por 470 millones. Por primera vez, y por delante de otras contralorías del país, exigió hacer un estudio de mercado más completo antes de celebrar estos contratos directos. Es decir, que así la ley no obligue a licitar, la entidad debe comparar la experiencia, eficacia y precio de los interesados para que se contrate al periodista, medio o agencia de publicidad con mejor capacidad para cada tarea.
Todavía no sabemos si esta Contraloría conoce la dimensión de lo que acaba de decidir. La Contraloría de Caldas jamás ha dado una conclusión así sobre un contrato similar en el departamento, muchos de ellos con estudios todavía más débiles. Ni siquiera la Contraloría General de la República ha llegado a ese tipo de hallazgo dentro de la auditoría a la pauta del gobierno nacional. Recordemos los contratos por la paz entre el gobierno Santos y los medios de comunicación más grandes. Recordemos el contrato reciente entre el gobierno Duque con la agencia Du Brands para la publicidad en redes sociales, por 3.300 millones de pesos. Estos también directos, con actividades de intermediación con otras empresas y sin estudios de mercado exigentes para contratar al mejor, como se le ha reprochado al contrato de Telecafé.
La posición de la Contraloría aporta a un asunto que tiene interés internacional. En varios países se han hecho reformas que obligan a regular y licitar estas tareas de publicidad oficial. Han visto que, sin control, estos contratos aumentan el riesgo de corrupción, profundizan el panorama de contratos directos con amplios márgenes de discrecionalidad, de intermediación entre los involucrados y con poco control del gasto. Que sin control, estos contratos de pauta amenazan la libertad de prensa de medios y periodistas, en especial cuando tienen que informar sobre un gobierno que puede premiarlos o castigarlos con recursos directos.
Una revisión ligera en el Secop I, con palabras de búsqueda como “publicidad”, “pauta” o “divulgación”, da como resultado al menos 132 contratos de publicidad celebrados por la Alcaldía de Manizales desde 2011. Ahí no están todos, faltan muchos, pero solo esta muestra suma alrededor de 4.300 millones de pesos contratados con agencias de publicidad, medios de comunicación y periodistas. De lo que va de 2020: 547 millones de pesos contratados. En 2019: 708 millones. En 2018: 737 millones. En 2017: 995 millones. En 2016: 965 millones. Esto sin contar a las entidades descentralizadas del municipio. La foto en la Gobernación es muy similar.
Si vemos cuáles agencias de medios y publicidad, distintas a Telecafé, han contratado con entidades del departamento y sus municipios, encontramos lo siguiente en el Secop I. Mas Medios Producciones SAS: 3.955 millones de pesos en contratos desde 2013. Agencia Mass Medios SAS: 1.062 millones desde 2015. Centro Digital de Manizales: 1.340 millones desde 2016. AM Coppiano: 4.953 mil millones desde 2011.
Estos números nos muestran que esto es un asunto que trasciende el caso de Telecafé. Que no es nuevo ni se resuelve en las márgenes de los debates locales. Sin embargo, el caso Telecafé sí nos está dejando la discusión y las lecciones precisas para que la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas tomen esta oportunidad que les deja la crítica, de un lado, y la Contraloría de Manizales, de otro. Solo con adoptar en sus planes de mejoramiento algunas recomendaciones que han dejado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OCDE, pueden convertirse en entidades pioneras para América Latina en la contratación de una publicidad transparente y garantista con los derechos a la información de la gente. Un pasegol.
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