La historia larga de Marmato no despierta presagios en los demás rincones del departamento, mucho menos en esta Manizales tan encaramada en su aislamiento. Al borde de este pedazo del río Cauca, los pacientes barequeros se ven como paisaje y no como urgencia. Los cuerpos sepultados en minas espontáneas pasan del titular al olvido y se entierran con ellos las pistas de lo que hemos hecho mal. Entonces, a cada rato, la minería parece como si acabara de llegar a Caldas.
 Con el último anuncio sobre las audiencias públicas para discutir proyectos mineros en algunos municipios, la minería se nos volvió a hacer nueva en el departamento. Los funcionarios del gobierno nacional hablaron desde Bogotá y los nombres de Norcasia, Aranzazu o Pácora les sonaron inéditos, como recién ensayados. Entonces, ahora sí los alcaldes presagiaron, más su impopularidad que el problema de años. Los políticos y candidatos vieron la urgencia, más de los votos que de las soluciones. Los opinadores intentamos desenterrar, más la indignación que la memoria de lo que ya hemos aprendido.
 El peligro es que, si vuelve a aparecerse como algo nuevo en Caldas, la minería se nos venderá otra vez como utopía. Cuando me refiero a que será utopía, digo que se reactivarán los mitos que soportan su promesa de progreso, de expansión, de “locomotora”. Pero también los mitos sobre supuestos enemigos que la amenazan. Lo que queda entonces, para oponerse y resistir, es discutir sus promesas y poner en entredicho esos enemigos que supone.
 La promesa de la utopía minera puede discutirse. Hace unas semanas, el portal Mutante lanzó un juego de cartas con 7 mitos sobre la minería legal en Colombia (https://bit.ly/3eQkusm). Lo hizo a partir de un estudio de 2018 del economista Luis Álvaro Pardo (https://bit.ly/3kPxJ0b).
 Entre los mitos se revalúa que la minería legal sea el sector más importante de la economía. Falso. Para el segundo trimestre de 2020, según el DANE, el aporte del sector minero al PIB era apenas del 2%. También se revalúa eso de que la minería ilegal es la única perjudicial para el medio ambiente. Falso. Sobre esto el medio Mongabay resaltó, hace un mes, un estudio de la Universidad del Rosario en el que se encontró que la minería legal deforestó 120 mil hectáreas en 18 años (https://bit.ly/3x4sgoC).
 El otro grupo de mitos a discutir son aquellos que inventan supuestos enemigos a la utopía minera. Me referiré solo a dos de ellos que fueron promovidos en las entrevistas que ofrecieron las funcionarias de la Agencia Nacional de Minería a medios locales. Primero, el mito de una ciudadanía que amenaza la utopía por estar desinformada. Segundo, el mito de una ciudadanía que amenaza lo utopía porque no participa.
 Sobre el primero, resalto que las faltas de transparencia en el sector minero vienen de sus carencias en la divulgación de información oportuna, clara y de calidad. Conocer sobre solicitantes, licencias, mapas, normatividad, es una carrera de obstáculos: por el poco tiempo y por lo difícil. Entonces el Estado deja en unas audiencias públicas, mal reglamentadas, toda su obligación de informar a una ciudadanía y a unos gobiernos locales que llegan sin contexto ni preparación. Esto lo ha anotado Transparencia por Colombia en un reciente informe sobre las condiciones de participación en el sector (https://bit.ly/3kRvlWK).
 Sobre el segundo, debo recordar que la Corte Constitucional reconoció que si bien la gestión del subsuelo minero es una decisión nacional, los impactos que deja la minería en el suelo superficial siguen siendo de la autonomía de los municipios y la participación de sus comunidades. Lo dijo en las sentencias C-035 de 2016, T-445 de 2016 y hasta en la SU-095 de 2018. En esta última, aunque decidió que en los municipios no se podía participar a través de consultas populares para detener proyectos mineros, reconoció que el Congreso debía legislar y crear el mecanismo idóneo para superar ese vacío en la participación y concurrencia de los gobiernos locales y sus habitantes. A hoy no lo ha hecho como debe. Esta sería una ruta en la que trabajen los alcaldes indignados, que tienen iniciativa legislativa y aliados en las cámaras, y los candidatos, que están urgidos de propuestas concretas.
 Si existe una ciudadanía desinformada o una ciudadanía que no participa, es porque la misma utopía minera se las inventa: la desinforma y le niega el lugar idóneo de participación.