Los honorables congresistas y los honorables funcionarios suelen vivir del parecer y no del ser. Pero eso es bien conocido. Olvidamos es que, en ausencia del ser, solo les queda defender el parecer, como sea, con lo que cueste, como el último resto de su prestigio.
 Lo defienden con todas las formas de lucha. Eso sí, siempre con los recursos y con las funciones públicas les otorgamos. Para los que critican, seguimientos policiales, perfilamientos de inteligencia, señalamientos y montajes con los dineros de publicidad. También con la creación de nuevos delitos que persiguen y criminalizan cualquier opinión o información que se atreva a atacar su forma de parecer.
 De ahí el nuevo proyecto de delito de injuria y calumnia, el cual hace unos días aprobaron 73 representantes a la Cámara. Entre ellos estuvieron el honorable Félix Chica, el honorable Chano, el honorable Lizcano papá.  Aprobaron 10 años de cárcel para el que se atreva usar expresiones deshonrosas contra un servidor público. No siendo suficiente, incluyeron la posibilidad de perder la personería jurídica cuando se hace desde la voz de una organización. Esto no es más que proteger de manera reforzada al gobernante de la expresión de sus gobernados, no vaya a ser que lo critiquen por cómo administra o gasta lo que al final es de todos.
 Los delitos que protegen el honor son rezago de la colonia española. Los profesores Viviana Díaz Balser (https://bit.ly/3oFIsvD) y Adolfo Tantaleán (https://bit.ly/3rV2Cnj) explican que en el siglo XVII la práctica social del honor implicaba siempre la celosa ocultación de cualquier ruptura, con el fin de no perder reconocimiento y, en últimas, autoridad. No en vano el origen del honor, de lo honorífico como jerarquía más que como valor, tenía que ver con servicios prestados a la Corona.
 Esto se volvió más complejo después, cuando el proceso de blanqueamiento o criollización permitió que mestizos accedieran a lugares de poder. Entonces se hizo más urgente la defensa del honor, pues su ruptura llevaba a una pérdida mayor para un sector social más amplio y más interesado en su honor. En ese punto se reforzaron los procesos criminales por injuria.
 No hemos entendido que, en democracia, no en la colonia, el poder y la autoridad se debe mantener aún en la derrota del prestigio propio. Su legitimidad no reside en el honor o el buen nombre, que son derechos, pero nunca fuente de poder. La legitimidad reside es en la capacidad de mantenerse escrutable para sus gobernados, tanto en la gloria como en el escarnio, incluso cuando su poder termine siendo pasajero y finito, que al final es lo deseable en democracia.
 Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el camino es que los delitos como la injuria no se apliquen cuando quien se expresa lo hace sobre temas y personas de interés público, como los funcionarios. De un lado, estos deben soportar mayor escrutinio de la opinión por las funciones que desempeñan. Del otro, existen herramientas correctivas menos disuasivas de la expresión, como poder hacer rectificar al que ha informado mal. Pero al poder le gusta es el silencio rapidito que ofrece el derecho penal. (Recomiendo a Emmanuel Vargas en La Silla Vacía: https://bit.ly/3dIxmjo)
 Todo esto me recordó a Jason Sang Ramírez, periodista del Nuevo Día de Ibagué. Soportó 7 años de un proceso penal por injuria, después de que en 2010 mostró pruebas de sobrecostos en la compra de kits escolares. Una investigación “contra el honor” de personas y contratistas que manejaban recursos públicos de esa ciudad. Nunca hubo pena ni cárcel, pero lo mantuvieron yendo y viniendo, consiguiendo abogados, diligencia una, diligencia otra. “Te voy a poner a voltear”, dice Abelardo De La Espriella, uno de los abogados especialistas en censurar periodistas a punta de denuncias.
 La  última vez que supe de Jason había dejado el periodismo, se había ido de Ibagué, decía no querer volver a pasar por lo mismo. Vivía ahora de filmar matrimonios. En el fondo no me duele por él. Me duele por las audiencias de Ibagué, que desde entonces tienen un periodista menos que les cuente lo que deberían saber.
 Así vamos entendiendo que lo de “honorable congresista”, “honorable funcionario”, solo es posible si se mantiene a los críticos en silencio.