Con el tiempo vamos entendiendo que Infimanizales no es infinito. Que como todo banco tiene sus limitaciones y que, como recurso de todos, hay que cuidarlo más de la cuenta.
Con el tiempo vamos entendiendo que los manizaleños no somos negociantes infalibles. Que en esta cuna ideológica del emprendimiento también hemos tenido buenas ideas con pésimos desarrollos, o simplemente ideas pésimas. Algunas de ellas se las endosamos a Infimanizales, porque lo creímos infinito.
La semana pasada tuvimos que entenderlo, casi a la fuerza, después del anuncio en la rendición de cuentas de esta entidad: en el año 2016 registró pérdidas por más de 30 mil millones de pesos.
Según dijo el gerente, People Contact y la zona franca son los proyectos que han llevado a la entidad a esta situación financiera. En ellos Infimanizales ha invertido más de 12 mil millones y de 10 mil millones, respectivamente, y no recibirá ningún retorno. ¿Ideas pésimas o ideas buenas con mal desarrollo? 
Todo esto sin contar con otras ideas que hoy no tienen un futuro claro, como el Cable Aéreo a Los Yarumos, el macroproyecto San José, Procuenca y el edificio del antiguo Terminal.
¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los de las malas ideas? Las veedurías y las organizaciones civiles al final siempre confiamos en que serán las entidades de control las que tengan la última palabra, como es el derecho de las cosas. Pero ante esta especie de impunidad sancionatoria, después de derechos de petición, de quejas, denuncias, columnas de opinión y hasta acciones populares, las organizaciones y los periodistas siempre terminamos tentados a hacer esos juicios personales ante la opinión pública que a veces son tan molestos y con tan poca fuerza.
Podría decirse que el gerente de Infimanizales le acaba de poner cifras a lo que ya muchos habían advertido. La Corporación Cívica de Caldas ha seguido, desde 2012, casos como el de San José, el cable aéreo a Los Yarumos, el de People Contact y el del edificio del antiguo Terminal. En ellos se han hecho solicitudes de información que, cuando se ha creído necesario, se han remitido a las entidades de control para su estudio.
Sobre el cable aéreo de Los Yarumos impacienta que los daños y la falta de respuesta del contratista se conocieran a menos de 6 meses de entregado en 2012; desde entonces, nada de responsables. Sobre el edificio del Terminal preocupa los muchos intentos de venta desde 2011 y que hoy Infimanizales gaste cerca de 34 millones de pesos mensuales en su mantenimiento; nada de responsables. Sobre People Contact se ha preguntado sobre la calidad del negocio y desde 2012, en voz de la gerente de Infimanizales de entonces, ya se decía que solo debía verse como una rentabilidad social; no se sabe “quiénes”.
Justamente, en el último año, la Contraloría Municipal ha hecho auditorías a estos proyectos que preocupan. Sin embargo, aunque en sus informes imperan los hallazgos con alcances disciplinarios y penales, ésta ni otras entidades identifican a los responsables. Quizás en la Comisión Regional de Moralización, donde tienen asiento todas las entidades de control, debiera haber más diálogo interno, más trabajo conjunto, menos miedos, menos parálisis.
Ahora, está bien que el gobierno municipal actual quiera hacer un llamado a la realidad para que se conozca la situación de Infimanizales. Lo que no puede hacer es quedarse solo con la idea de ser transparentes o de aplicarles el retrovisor a los gobiernos pasados. Su deber es seguir administrando, aplicar soluciones para esto que no anda y aprovechar los buenos rendimientos que hoy la entidad tiene con otros negocios.
Administrar implica también tomar decisiones sobre lo que será y lo que no será Infimanizales, sobre lo que seguirá haciendo y lo que no. ¿Volverá a financiar proyectos? Parece que ya dejó a la Gobernación sola en la nueva apuesta de Citytech, eso también puede ser un costo para la región. ¿Preferirá solo proyectos rentables financieramente, sin importar si promueven el desarrollo de la ciudad? Decirlo, muy claro, asumiendo el costo político y social que eso implica.
También tiene el deber de respondernos una pregunta que va más allá del “¿quiénes fueron?”. Ayudarnos a saber, desde lo administrativo, ¿qué pasó? ¿En qué parte se falló? Es una respuesta por la prevención, para que no solo haya sanción. Porque es el gobierno actual el que sí debe garantizarnos que esto no va a volver a suceder y que no volveremos a hacer malos negocios con la plata de todos.