La fiesta del POT terminó y como siempre, el día después, aparece el cotilleo y la resaca. Los papelitos ya volaron y ahora están regados por el piso. Se disiparon los aplausos y quedaron atrás las palmadas en la espalda. Los micrófonos se apagaron y son contados los que todavía escriben sobre la celebración. 
Podríamos celebrar que la Administración Municipal cumplió, que el Concejo garantizó, que la sociedad civil se organizó y que algunos gremios fueron hasta el final. Sin embargo, alguien tiene que resaltar los malestares que quedan cuando el festejo se acaba. Alguien tiene que hacer de aguafiestas y recordar que todo baile deja responsabilidades.
Primero. El Concejo se la jugó por dejar 3 zonas de expansión de difícil desarrollo para vivienda. La decisión la tomaron sin saber si se aumentará el precio del suelo y sin saber si, por eso, se pondrá en peligro la financiación de proyectos de vivienda de interés prioritario para los más pobres. Los concejales dijeron estar tranquilos porque, según cifras del DANE, el suelo que quedó aprobado alcanzará para la vivienda de los próximos años. Sin embargo, el hecho de que alcance el suelo no quiere decir que se mantendrá al mismo precio, menos después de haber restringido de esa forma el suelo urbanizable.
En el Cabildo Abierto, varias organizaciones le preguntamos a la Secretaría de Planeación si era buena idea reducir las 8 zonas de expansión para garantizar una ciudad más compacta y densa. Algunos pensamos que era lo correcto. La entidad contestó que el riesgo era el encarecimiento del suelo. No obstante, en el proceso de discusión no hubo ningún estudio de su parte, ningún cálculo con rigor que guiara a los concejales, solo especulación. La Secretaría no mostró mucho empeño para darle solidez a su argumento. Pareció no estar muy convencida y se resguardó detrás de la idea del alcalde Cardona de darles libertad a los concejales. Como si defender su propuesta, que era lo mínimo, fuera una interferencia en el Concejo.
Queda la responsabilidad de la Administración de monitorear los precios del suelo urbano, de evaluar si se exageró al dejar solo esas 3 zonas y de tomar las medidas necesarias para garantizar la vivienda para los más pobres.
Segundo. El Concejo tomó la decisión de permitir bares y casinos en zonas donde antes no se permitía. Una medida que puede ser bien vista para una ciudad que busca consolidar varios centros urbanos y que intenta evitar guetos o zonas excluidas que profundizan la inseguridad para quienes habitan en ellas.
Sin embargo, es una decisión que, desde ya, exige políticas públicas que eviten que esos establecimientos se vuelvan un problema para zonas con colegios, universidades, iglesias, etc.
Tercero. El Concejo decidió no contar con el nombre de “Campus Universitario” como símbolo y orientación para la planeación de la ciudad. Pusieron otro nombre para denotar lo universitario, casi que inventado a la carrera. Un acto que pareció desechar el trabajo que el sector privado y las universidades han venido haciendo desde tiempo atrás, o al menos un acto que subestima el valor que tienen las marcas de ciudad cuando perduran en el tiempo. 
Queda el reto para que esta decisión, más simbólica que práctica, no se convierta en obstáculo para la alianza público-privada que necesita esta apuesta de ciudad.
Cuarto. El Concejo excluyó la zona de expansión de La Aurora, sabiendo que el proyecto Tierra Viva ya tenía licencias. En este punto, algunos tendremos que dejar un pie en el debate ambiental pero tendremos que poner el otro en el debate de los recursos públicos. Si se salvó la reserva Río Blanco o no, si Tierra Viva sigue o no, son una discusión, pero ahora preocupa que lleguemos a pagar con los recursos de la ciudad por culpa de esta decisión. (Recursos que además deberían mantenerse fuertes para defender la parte alta de la reserva). Desde el inicio se sabía que esta decisión podía llevar al municipio a soportar efectos negativos por deshonrar la confianza legítima del constructor.
Es una responsabilidad proponer las salidas que menos impacten el patrimonio y la economía de la ciudad.
Para esta decisión, los estudios oficiales fueron insuficientes. Corpocaldas y Aguas de Manizales se vieron débiles al explicar la concertación que le había dado vía libre a esta zona de expansión y al plan parcial del proyecto. Otra deuda que le queda a la ciudad: cierta incapacidad de las autoridades públicas para generar y divulgar estudios en decisiones trascendentales.