“El coronavirus llegó para quedarse”, “el tapabocas llegó para quedarse”. Frases que se repiten como mantra y cliché para estos días. Siempre en el intento de decir, con poco, lo mucho que no nos termina de caber en la cabeza. Pues yo propongo una adicional: “Los datos públicos llegaron para quedarse”. La muestra es que llevamos dos semanas en el que, en medio de las preocupaciones por la emergencia, la veeduría con datos, el periodismo con datos, la política con datos, las discusiones en redes con datos, van alcanzando un mejor lugar en la opinión pública.
En democracia, no existe mayor desafío para las élites políticas que un pueblo informado y que informa. Es el ánimo que impulsa hoy la lucha por la transparencia de los datos, que no es más que otro capítulo en la lucha contra la corrupción: tener ciudadanos y ciudadanas que conocen datos públicos y los usan. Para construir debates más sólidos ante la opinión pública y ante los procesos de responsabilidad contra los gobernantes. La semanas pasadas se vieron varios debates con datos.
Junto al diputado Camilo Gaviria, algunos veedores verificaron los precios de los kit del PAE que se registraban en los datos públicos de Pácora, Anserma, San José y Samaná. Vieron que eran más altos que los de una compra normal al detal. Quedó entonces un buen interrogante sobre esta idea de la Gobernación de Caldas de permitir, durante la emergencia, que los alcaldes contraten de manera directa unos recursos del PAE que antes venían siendo ejecutados por contratistas escogidos por licitación.
También salió otro informe de “Lupa a la contratación” de la Corporación Cívica de Caldas y La Patria. En el estudio de datos se encontró que la Alcaldía de Manizales no venía registrando de manera completa la información de la compra de mercados. Algo que imposibilitaba conocer los precios y las cantidades que se venían ejecutando con la Cruz Roja, el contratista. Algo de esto fue solucionando en el municipio durante la semana.
De igual forma se destacó la labor de El Reportero Manizales, una página en Facebook. Allí se mostró, con uso de los datos del SECOP, que en Aguadas se compran insumos médicos a una agencia de publicidad, Megapublicaciones S.A., incluso a precios más altos que los que cotizan empresas especializadas. Con los mismos datos, también contó que ese municipio contrató a la Corporación Recreando para la gestión de una campaña que implica aglomeraciones. Según la misma “Lupa a la contratación”, esta organización fue una de las que más contratos directos se llevó en el Instituto de Cultura y Turismo del gobierno anterior en Manizales, gobierno del que hizo parte el alcalde de Aguadas. Es bueno ver que entre tanta página en Facebook, muchas de ellas anónimas, hay algunas que se están tomando en serio el uso de los datos públicos.
Tuvimos la denuncia del columnista Jorge Enrique Pava, sobre el contrato de agenciamiento de medios y publicidad entre Alcaldía de Manizales y Telecafé. Con datos se mostró el contrato directo y se mostró el valor, pero lo importante es que se mostró un comportamiento de simple intermediario que ya parece tener Telecafé.
Comparto con el columnista que hay ineficiencia en este tipo de contratos. No es porque no se necesiten, pues la divulgación de información pública es un derecho ciudadano tan vital como cualquiera y exige inversión, con mayor razón en emergencia (ojo: la información pública, no la autopromoción del alcalde de turno). La ineficiencia es más porque, en Colombia, las normas y las ías permiten la contratación directa de estos servicios que podrían licitarse. Entonces con datos hemos visto que estos contratos son al deseo del gobernante; propician la autopromoción y el derroche --como lo llama el columnista--; tienden a premiar a agencias y medios amigos, y a castigar periodistas y medios críticos; facilitan la intermediación, y la intermediación de la intermediación, que al final hace menos transparentes los datos sobre los gastos y la ganancia del intermediario.
Con datos públicos también hemos dicho acá que los gobiernos anteriores en Manizales han llegado a contratar más de 800 millones en publicidad y medios en un año, incluso dejándole a agencias intermediarias más de 500 millones anuales.
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