Así se llama un edificio recientemente construido sobre la Avenida Santander, localizado en las cercanías del Hospital Infantil y donde lamentablemente el constructor no se ciñó en la construcción a lo que le aprobaron en la curaduría urbana. Aparentemente decidió ahorrarse unos pesos, cambiando muros en concreto por muros en bloque y disminuyendo las secciones de los perfiles que conforman las losas de los pisos, pasándolas de 15 centímetros a 12 centímetros. Decisiones que afectan en alto grado la estabilidad estructural del edificio.
El edificio consta de 11 pisos, 13 apartamentos, 2 locales comerciales y 17 parqueaderos. Cuando estaba ocupado en un 50% la Administración Municipal dio la orden de evacuarlo por prevención y solicitó hacer un estudio de vulnerabilidad, mediante el cual se determine si se puede reforzar o se debe demoler. 
Como el edificio está terminado, va a ser muy difícil lograr que el constructor realice los estudios requeridos y que le haga el correspondiente refuerzo estructural, si no hay que demolerlo. Mientras tanto los compradores tuvieron que salir a buscar dónde vivir. El trámite jurídico contra el constructor puede ser demorado y nada raro sería que se haya insolventado. De ser así, muy probablemente los compradores para salvar su plata tendrán que unirse y conseguir los recursos para hacer los estudios y realizar los trabajos de reforzamiento estructural. Lo lamentable es que es poco probable que el seguro del edificio entre a responder. 
Con todo lo cuestionadas que son en muchas oportunidades las construcciones públicas, al menos éstas disponen de interventores independientes y ajenos al constructor quienes se encargan de hacer cumplir los diseños y estudios. Lamentablemente son muy pocas las obras civiles de particulares en las que se contratan interventores que nada tengan que ver con los propietarios del proyecto.
Después de los problemas que se presentaron con el edificio Space en Medellín, el gobierno nacional estableció que las construcciones de más de 3.000 metros cuadrados requieren de un supervisor externo - pagado por el dueño del proyecto-. Posteriormente se modificó y actualmente es exigido para obras de más de 2.000 metros cuadrados. Este supervisor es a la vez el encargado de dar el permiso de ocupación. 
Shalom 3 no requirió supervisor, por lo que el permiso de ocupación lo tenía que dar la oficina de vigilancia y control urbanístico de la Secretaría de Gobierno, trámite que no surtió el constructor. Durante su construcción, el edificio fue visitado en varias oportunidades por funcionarios de esa Secretaría, quienes manifestaron inconformidades por las faltas que estaban cometiendo.
Lo normal es que los compradores de vivienda confíen en que el constructor hace los estudios requeridos y construye lo que le aprobaron. El Estado trata de hacer los controles pertinentes, pero es muy difícil, si no imposible, que tenga un control y vigilancia permanente de todas las construcciones que se realizan en la ciudad.  
Un constructor deshonesto puede cambiar secciones de las columnas y las vigas, modificar la cimentación, arriesgarse a que el edificio no se vaya a caer, y menos cuando esté ocupado, y es prácticamente imposible para unos funcionarios municipales darse cuenta de estas anomalías. Con las visitas esporádicas que realizan los funcionarios encargados de controlar las obras, es poco probable que se den cuenta de esos cambios. 
Con la disposición de que se deba tener en determinadas obras un supervisor, se pretende que anomalías como las de Shalom 3 -que afortunadamente en nuestro medio no son muy comunes- no se presenten. Para esto se requiere que los supervisores sean conscientes de la responsabilidad que están asumiendo y cumplan a cabalidad con su trabajo. El problema está en las obras que no requieren de esta figura y que quedan en manos de unos funcionarios que pueden ser muy competentes, pero que no tienen la disponibilidad de tiempo para cumplir eficientemente su trabajo.