La costumbre que existía en la época de la colonia de “se obedece, pero no se cumple” permanece vigente en la actualidad. Una muestra de esto es el manejo que se le está dando a la pandemia. Iván Duque, desde que decretó la Emergencia Sanitaria, sale todos los días por televisión a explicar las nuevas normas. A la fecha ha expedido más de 100 decretos ley. Este estilo ha propiciado que algunas personas afirmen que está gobernando a punta de televisión y de decretos.
Sin lugar a dudas, gobernar en un momento tan complejo como este no es nada fácil. Sin embargo, en medio de tanta incertidumbre es importante que los gobernantes sepan hacer una pausa, respirar y planificar las cosas.
La gran cantidad de normas que se han expedido en tan corto tiempo hace muy difícil su conocimiento, compresión y sobre todo el acatamiento de la comunidad, por lo que puede que no se logre el beneficio pretendido. Es muy probable que tanta normatividad traiga como consecuencia que no termine cumpliéndose.
Otro ejemplo de “se obedece, pero no se cumple”, se da con el manejo de las tutelas. Este instrumento se creó con el fin de lograr la defensa y el amparo de los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando se ven amenazados o vulnerados. La tutela ha sido ampliamente utilizada, especialmente para acceder a los servicios de salud. Sin embargo, también se acude a ella para otra clase de peticiones, teniendo en cuenta que el campo de los derechos fundamentales cada día se amplía más. Lamentablemente a la tutela le llegó su “cuarto de hora”. Ha sido tal su uso y abuso que ha ido perdiendo su efecto. Solo el 30% de las sentencias expedidas como consecuencia de este instrumento se cumplen.
En medio de este panorama, desde mediados de marzo la justicia prácticamente no ha funcionado. En el lenguaje judicial se dice que “están suspendidos los términos”. Durante estos tres largos meses los jueces han atendido los asuntos penales, las tutelas y lo estrictamente urgente y prioritario.
La virtualidad en la justicia fue aprobada desde el 2012. Sin embargo, es poco lo que se ha avanzado en su implementación. Los factores que no han permitido su funcionamiento son, por un lado, que no se han comprometido los recursos requeridos por el gobierno, y por el otro, que los jueces han sido resistentes al cambio.
Para nadie es un secreto que una justicia tan lenta como la nuestra se va a enfrentar con una gran lluvia de demandas una vez vuelva a operar. Esto podría llevarla al colapso. El momento tan complejo que estamos viviendo está propiciando muchos conflictos entre los ciudadanos, que muy posiblemente acudirán a las instancias judiciales para su solución.
A partir del primero de julio la justicia va a reiniciar plenamente sus actividades, pero con un sistema totalmente diferente al que había antes de la pandemia. Los juzgados van a trabajar presencialmente solo con el 20% de sus funcionarios, las audiencias serán virtuales y únicamente será requerida la presencia física de los abogados y de los actores de los procesos para casos especiales. La mayoría de los trámites serán por medios electrónicos.
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Para lograr, entre otras cosas, que la pendiente de la curva de contagio de la pandemia se pronuncie, los gobiernos locales implementaron el pico y cédula. Sin embargo, cada día es más la gente que sale a la calle. El comparendo por el incumplimiento de esta medida, que cuesta algo menos de un millón de pesos, no infunde ningún temor y ante la grave crisis económica que estamos padeciendo va a ser muy difícil lograr a futuro, cuando la enfermedad esté en el pico, la gente se vuelva a encerrar. Aquí la única alternativa que queda son campañas permanentes de cultura ciudadana para que se use bien el tapabocas, se practique el aislamiento físico y se fomente el permanente lavado de manos. Lo que lamentablemente no se dio el pasado viernes, día sin IVA, en el que lo se vio fueron peloteras y tumultos.