El proyecto bandera del Congreso en esta legislatura era el Plan de Desarrollo. La apuesta de Duque en su gobierno es bajar la inequidad que existe en nuestro país. El Plan tiene que mostrar qué va a hacer para lograr su propósito, con programas que sean claros, cumplibles y medibles. Para eso presentó una propuesta de 183 artículos.
Mientras los congresistas estudiaban la propuesta, el Gobierno objetó seis artículos del reglamento de la Justicia Especial para la Paz. La Cámara de Representantes resolvió el tema muy rápida y fácilmente negando las objeciones del presidente. En cambio el Senado se enfrascó en una discusión impresionante y grotesca, que duró varios días y finalmente, al no haber acuerdos, dejó la solución en manos de la Corte Constitucional. 
La Cámara de Representantes hizo su tarea en la discusión del Plan de Desarrollo. Lo estudió detenidamente, aunque hay que aclarar que le aumentó los artículos presentados por el gobierno. Finalmente el Plan aprobado por ellos quedó con 336 artículos -153 artículos más, casi el doble, de los inicialmente propuestos-. Como dirían los abogados, el Plan no tiene “unidad de materia”; es decir, una cosa es el Plan de Desarrollo y otra cosa es tocar temas como ampliar los aranceles a las importaciones de textiles, o establecer una sobretasa al consumo de energía a nivel nacional para salvar a Electricaribe.
El que no hizo la tarea, por estar discutiendo las objeciones a la Justicia Especial para la Paz, fue el Senado. No miró el Plan de Desarrollo y a pupitrazo limpio aceptó y aprobó lo que había decidido la Cámara. No quiso jugarse el riesgo que los plazos se le vencieran y quedar aún más en evidencia pública de su pobre desempeño.
El Plan aprobado es una colcha de retazos y todo apunta a que no va a ser la verdadera carta de navegación que nos lleve a que seamos, cuando acabe su gobierno el presidente Duque, un país menos inequitativo.
Tener contemplados temas como el de aumentar el arancel a las importaciones de textiles, es algo que tiene que ser más analizado y estudiado por el Gobierno. Todo apunta a que el arancel aprobado no favorece ni a la industria y mucho menos a la comunidad. Medidas como estas generarán un incremento en el precio de la ropa y un estímulo al contrabando. 
Electricaribe es la empresa encargada de suministrar energía a ocho departamentos costeños. El gobierno anterior, por la mala prestación del servicio, tomó la decisión de intervenir y quitarle el manejo de la empresa al anterior operador y por eso hay una demanda de varios miles de millones de dólares contra el Estado colombiano, que muy seguramente se va a perder. El problema de la mala prestación del servicio obedece a una incapacidad del Gobierno de controlar los consumos fraudulentos que se presentan en esa zona del país. Las “pegas ilegales” son normales tanto en las viviendas, como en las industrias. 
No tiene ninguna presentación que los colombianos tengamos que pagar una sobretasa al consumo de energía para salvar a una empresa como Electricaribe. Esta decisión puede propiciar que otras entidades públicas que también se hayan quebrado o estén en dificultades económicas -como Emcali por ejemplo- no solucionen y corrijan los malos manejos, sino que acudan al Gobierno para que vía nuevas contribuciones de la comunidad le inyecten, a fondo perdido, más dinero.