No deja de ser paradójico que en medio de la pandemia que está afectando a todo el mundo y que ha tenido un enorme impacto en la salud y en la economía, y que se presentó a escasos tres meses de haberse posesionado en sus cargos los gobernadores y alcaldes del país, se estén presentando 58 procesos de revocatoria de sus mandatos. 
Hay que tener claro que los condicionantes de la norma establecida para las revocatorias la hacen en la práctica imposible de cumplir, prueba de ello es que a la fecha solamente un municipio ha logrado tumbar un alcalde mediante este mecanismo.
La norma establece, entre otras, que sólo se puede acudir a esta figura después de que haya pasado un año de estar los gobernantes en el cargo y también establece que si el proceso no llega a feliz término para los demandantes, no se puede volver a solicitar otra revocatoria de mandato por este sistema.
Actualmente los procesos están suspendidos. La Registraduría del Estado Civil, está haciendo una consulta al Ministerio de Salud relacionada con que se estudie si en medio de la pandemia, desde el punto de vista de bioseguridad, es viable el proceso de recoger firmas a los ciudadanos para continuar con el proceso. 
El alcalde de Manizales es uno de los que está en este proceso. Vale la pena resaltar que la ciudad tuvo en las pasadas elecciones una votación de aproximadamente 180.000 votos. La norma establece que, en cuanto a firmas que apoyen las pretensiones de los demandantes, se deben recoger como mínimo el 40% del total de la votación, que para el caso de Manizales serían aproximadamente 72.000 firmas y para lograr la destitución se requiere una votación que supere el 55% de los electores; es decir, para el caso de Manizales se necesita que más de 100.000 personas participen de este proceso.
Ante las dificultades para su cumplimiento, la norma de la revocatoria de los mandatarios solo está sirviendo como vitrina para los opositores políticos a fin de que no pierdan su vigencia o para que la utilicen las personas o sectores que le tengan animadversión a los gobernantes. 
Decir en los actuales momentos que un alcalde o gobernador el año pasado no cumplió con su programa de gobierno o que ha hecho una mala gestión es supremamente fácil. A los pocos meses de iniciar su mandato, cuando apenas estaban conociendo el oficio, les tocó a la fuerza abandonar sus programas de gobierno y dedicar todos sus esfuerzos a controlar la infección y muerte por el coronavirus y luchar para controlar el impacto económico, y lo más complicado, en lo que les resta de su mandato tendrán que trabajar intensamente en la recuperación económica de sus ciudades y departamentos.
Por supuesto, un mandatario que no esté ejerciendo en la debida forma su trabajo debe ser investigado, y si es del caso sancionado. Para esto, en primer lugar, se tienen los organismos de control y vigilancia. Igualmente, la comunidad debe tener su espacio para denunciar y propiciar la revocatoria por el mal desempeño de sus gobernantes, pero para esto se debe disponer de una normatividad clara y, sobre todo, que sea cumplible.
Por lo pronto y teniendo en cuenta los actuales momentos tan complicados que estamos viviendo, lo mejor será aceptar el argumento que está esgrimiendo la Registraduría, y esperar que la gente se vacune, que la enfermedad se controle, y aplazar los procesos de revocatoria de los mandatarios y dejar que estos funcionarios se puedan concentrar en dedicar todos sus esfuerzos, sin distracciones, en la recuperación económica de sus municipios y depertementos.