Hace un poco más de 30 años nuestro país vivía una situación política y social similar a la actual, con asesinatos de líderes sociales y políticos, el narcotráfico desbordado y las ciudades sitiadas por las bombas de Pablo Escobar.
En 1988 el presidente Virgilio Barco propuso el cambio de la Constitución de 1886, propuesta que fue acogida por un sector de la comunidad y especialmente por los estudiantes. Para las elecciones parlamentarias de 1990, se conformó el movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia” y se propició la llamada séptima papeleta, con lo que se consiguió que en estas elecciones se contara un voto extra mediante el que se solicitaba la autorización para realizar una consulta popular para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esta iniciativa tuvo más de dos millones de votos.
La Corte Suprema de Justicia avaló la consulta, por lo que en las
elecciones presidenciales de mayo de 1990 en que fue elegido César Gaviria Trujillo, se aprobó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea inició sus funciones el 5 de febrero de 1991 con 70 constituyentes, que finalmente el 4 de julio de 1991 aprobaron la nueva carta constitucional de Colombia. Esta Constitución es, sin lugar a dudas, de avanzada, tanto que después de 30 años el país no ha podido asimilarla y menos ponerla totalmente en práctica. Por el contrario, a lo largo de este tiempo ha tenido sus reformas y en algunas oportunidades se ha tratado de volver a las condiciones en que estábamos antes de su existencia.
A nuestros gobernantes les gusta manejar el país a punta de leyes. Por ejemplo, ante las marchas y los bloqueos, el presidente está promoviendo una “ley antidisturbios”. Duque no ha entendido que para controlar el orden público no se necesita una nueva ley.  Nuestro marco legal tiene claramente establecido cómo se debe actuar cuando se perturba el orden público. Lo que debe hacer el presidente es cumplir y hacer cumplir la ley; es decir, obedecer lo que juró cuando se posesionó como presidente.
Son muchos los males que aquejan a nuestro país y muchas las razones para que no progrese y avance. Sin embargo, considero que la mayor dificultad que tenemos obedece a la falta de justicia.  Nuestra justicia es demorada y -lo más grave- se dejó corromper. Dejando en claro que hay muchos jueces de la república que son juiciosos, trabajadores y cumplidores del deber, hay otros que se han encargado de darle una mala imagen a esta rama del poder.
Uno de los logros de la Constituyente fue la tutela, con lo que se logró acercar a la comunidad a la justicia permitiendo que muchos de los reclamos y procedimientos judiciales fueran resueltos rápidamente.
No creo que el país requiera una nueva carta constitucional, ni restringir la tutela.  Sin embargo, siendo un mecanismo tan importante para la comunidad, pasa que algunos ciudadanos al parecer por un exceso de protagonismo abusan de este instrumento, lo que propicia que pidan que se limite.
Una muestra de lo anterior es la acción de tutela que interpusieron contra el partido Colombia-Brasil jugado el pasado 23 de junio por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, por lo que una jueza de la república la tuvo que avocar, dándole el trámite que establece la ley, que entre otras involucró a la Conmebol, la FIFA, la Federación Europea de Fútbol, la Federación Brasileña de Fútbol y a los árbitros que pitaron el partido. Esto implicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera que notificar la tutela a todos los involucrados y pedirles que en un plazo de dos días se pronunciaran al respecto.
Afortunadamente la juez rechazó las pretensiones de la tutela cuestionando -con regaño incluido- el hecho que se utilice el sistema judicial para resolver este tipo de temas, que genera un desgaste a la justicia y que muestra un desconocimiento de la acción de tutela, que entre otras, se interpuso por unos hechos que se dieron en un país extranjero donde obviamente no es competente la justicia colombiana.
Además, con la decisión del árbitro del partido, el único derecho fundamental que se estaba violando -que es lo que busca protegerse con la tutela-, era el derecho a que los colombianos no sintiéramos tristeza por la derrota.