Las Empresas Públicas de Medellín, EPM, son una entidad ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional y modelo de eficiencia en el sector público. Su mayor actividad es prestar los servicios públicos esenciales a los pobladores del Valle del Aburrá y ser generadora y distribuidora de energía a todo el país, con unas ventas anuales cercanas a los $18 billones y le transfieren al municipio de Medellín, su propietario, $1,5 billones.
Los antioqueños en los 65 años de historia que tienen las EPM han logrado fortalecer todas las unidades estratégicas de la empresa. El único negocio que hasta la fecha han vendido parcialmente es el de las comunicaciones, del cual tienen el 50% de la participación de la operación de Tigo-Une y sin el control del manejo de esa entidad.
Dentro de su actividad de generación de energía, EPM se embarcó en la construcción de una central hidroeléctrica -Hidroituango-, en la que captan el agua del río Cauca, con la que han tenido muchos problemas, causando grandes pérdidas y enormes dificultades. Se dice que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, logró conseguir los votos para llegar al cargo gracias a los cuestionamientos y denuncias que hizo sobre los problemas y aparentes malos manejos en la construcción del proyecto.
El funcionamiento de las juntas directivas de las entidades públicas de los entes territoriales del país es muy complejo. Por un lado, el marco jurídico establece una serie de compromisos y responsabilidades para todos los miembros de las juntas y, por el otro lado, la mayoría de sus integrantes son nombrados por los gobernantes, por lo que en algunas oportunidades estos se sientan subordinados a ellos.
Desde hace muchos años los miembros de la junta directiva de EPM son personas de las altas calidades y capacidades, además muy reconocidas en el ámbito empresarial antioqueño. Cuando llegó a su cargo el alcalde Quintero ratificó la junta que venía desde la anterior administración. Esa era una junta que no tragaba entero, ni se dejaba amedrentar por el alcalde.
Al parecer el señor Quintero consultó informalmente a la junta su opinión sobre la posibilidad de demandar a todos los contratistas que han tenido que ver con el proyecto Hidroituango, quienes, según se dice, le recomendaron que antes de tomar la decisión había que hacer un estudio de riesgos de la demanda. Lo cierto es que el alcalde tomó la decisión de emprender las acciones legales autónomamente, lo que generó inconformidad en los miembros de la junta, razón por la cual renunciaron.
Por muchas razones que tenga el alcalde Quintero para haber tomado esa decisión, desde ningún punto de vista es de buena presentación que una empresa de la envergadura de EPM actúe sin la aprobación de la junta, máximo si se tiene en cuenta que supuestamente eran personas de su entera confianza, toda vez que los había ratificado en sus cargos.
Esperemos pues cómo le va al señor alcalde Quintero con la nueva junta que nombró, y cómo logra demostrar que EPM seguirá funcionando con la eficiencia que ha tenido a través de su historia. Que no vaya a pasar lo que le sucedió a las empresas públicas de Cali, que también tuvieron su momento de eficiencia, y de ser un modelo a nivel nacional, por malos manejos tuvo que ser intervenida por el Estado.
Sin lugar a dudas sería muy importante que el gobierno nacional implementara un protocolo de cómo debe ser la conformación de las juntas directivas de las empresas públicas, a fin de que éstas no terminen convertidas en una secretaría más del despacho, donde se hace lo que el alcalde ordena.