Estamos viviendo en la ciudad, en el país y en general en el mundo entero el pico más agudo de la peste. Colombia lleva varias semanas seguidas presentando un número muy elevado de contagios y lo mas delicado están disparados los muertos diarios. Manizales esta posicionada dentro del contexto nacional como una de las ciudades donde se están presentando proporcionalmente a su población, el mayor número de contagios y con un nivel de ocupación de las UCIS que bordea el 95%.
Este es sin lugar a dudas el momento en que más debemos tener precauciones y acatar los protocolos de bioseguridad. Lamentablemente esto no es así, en medio de estas dificultades tan pavorosas, la comunidad se siente cansada, muy afectada por las restricciones para movilizarse, por no poder compartir con sus amigos y por las complejidades económicas que está viviendo.
Dentro del interés por la recuperación económica del municipio, el alcalde ha propuesto un pacto con las fuerzas vivas de la ciudad que se firmó la semana pasada en el Ecoparque Los Yarumos y que se denominó “el pacto de la reactivación económica”, con el que pretende invertir aproximadamente 800 mil millones de pesos y espera generar 34 mil empleos en los próximos tres años. Propuesta que consiste en la construcción de unas obras públicas, en unas exoneraciones tributarias, descuentos en pagos de los impuestos municipales y con ésto generar oportunidades y ayudas a los empresarios de la ciudad.
Hay dos puntos en la propuesta de reactivación que están siendo muy estudiados por parte de la comunidad. Uno, la revisión del estatuto tributario del municipio, que salió muy extenso y que contempla unos artículos en los cuales se cobran unos nuevos impuestos, lo que ha generado una fuerte reacción. La administración ha manifestado su voluntad de revisar los artículos que están siendo atacados y llegar a una conciliación tanto con la ciudadanía, como con el concejo municipal respecto a ellos. Lo cierto es que el estatuto que viene funcionando desde el año 2008 merece ser revisado y actualizado.
El otro punto analizado es el referente a las obras civiles, que consisten en la construcción de la PTAR, que no es otra cosa que el saneamiento y limpieza del río Chinchiná; la construcción de la tercera línea del cable aéreo que va desde el terminal de transporte hasta el sector del cable y una serie de obras urbanísticas a lo largo de la ciudad. Proyectos que se estiman tienen un costo total de un poco mas de 700 mil millones de pesos.
En términos generales no hay mayores discusiones sobre la potabilización del río Chinchiná, lo mismo con respecto a la tercera línea del cable aéreo y la intersección a desnivel en el empalme entre la avenida Kevin Angel y la salida a Neira. En donde se están presentando cuestionamientos es sobre las obras de urbanismo que el municipio ha denominado “campus universitario”, cuyos diseños están a cargo de la Universidad Nacional y que consisten en la construcción de unos bulevares por diferentes sitios, entre ellos en los accesos a algunas de las universidades y el mejoramiento de unos parques de la ciudad. Estos proyectos hacen parte de todo un plan maestro y en gran parte no va a ser posible ejecutarlos en la presente administración municipal.
La administración ha manifestado que los recursos para la construcción de estas obras saldrán de unos excedentes que se tienen del presupuesto del año pasado, una plata que pondría el gobierno nacional, de unas vigencias futuras -que no es otra cosa que adelantar el gasto de los dos años y medio que le quedan a la administración- y de créditos bancarios. Tal como están las cosas, se espera que después de la aprobación del pacto por parte del concejo municipal, se puedan iniciar rápidamente las obras y se logre la reactivación económica de nuestra ciudad que tanto estamos esperando y necesitando.
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