El catastro multipropósito, que no es otra cosa que la actualización catastral, es una actividad que debe hacer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, más conocido como el IGAC, entidad que desde hace muchos años puede ser de las más ineficientes del Estado. Afortunadamente hoy se cuentan con nuevas disposiciones que permiten que la actualización la puedan hacer o contratar los entes territoriales con una entidad diferente.
El municipio de Manizales está interesado en contratar los servicios para la actualización catastral y el Departamento de Caldas pretende conformar una empresa que se encargue de hacer esta actividad en todos los municipios del departamento. Tal como están las cosas se está generando una controversia entre los mandatarios que puede llegar a traer como resultado final su distanciamiento, así como ha sucedido desde que se estableció la elección popular de alcaldes y gobernadores.
La actualización catastral implica que, fruto de los avalúos periódicos que se hacen a los inmuebles, estos se actualicen en el precio o que entren a formar parte de la base catastral del municipio, lo que en términos generales trae consigo un mayor recaudo del impuesto predial. Pagar impuestos siempre genera controversias e incomodidades, sin embargo, hay que tener en cuenta que si los municipios no recaudan recursos no se pueden realizar las obras que requieren las ciudades.
El impuesto predial es un tributo que se cobra a las propiedades y su liquidación se hace dependiendo del valor que ellas tengan. Actualmente los avalúos los hace el IGAC, entidad cuya oficina de Manizales ya se anunció que se va a cerrar. Es tal el atraso catastral de nuestra ciudad que hace más de siete años no se hace una actualización, inclusive hay edificios de apartamentos que están construidos y ocupados y figuran en la base tributaria del municipio como lotes de terreno.
La controversia entre el alcalde de Manizales y la Gobernación de Caldas se está dando porque el municipio hizo una convocatoria para determinar quién podría encargarse de las actividades que está haciendo el IGAC. La Gobernación participó en esta convocatoria porque quiere hacer esta actividad directamente para todos los municipios del departamento y obviamente para que el negocio resulte atractivo requiere la participación de Manizales.
El alcalde manifiesta que entre las propuestas que se presentaron la más atractiva es la de Medellín, cuya diferencia con respecto a la de la gobernación es de $15.000 millones. La gobernación plantea que, si bien inicialmente hay una diferencia monetaria importante entre las dos propuestas, con el paso del tiempo la propuesta económica podría ser mejor que la de Medellín, pues plantea un compromiso de retornar unos excedentes durante un tiempo en la ejecución de las actividades de la actualización. Vale la pena aclarar que la gobernación no tiene experiencia en esta actividad, mientras que Medellín lleva más de 90 años realizándola.
Es muy importante para las finanzas del municipio corregir los atrasos e inconsistencias que se están teniendo con el catastro de la ciudad. Además, se debe mejorar la atención en las solicitudes que permanentemente hace la comunidad ante el IGAC, cuyos tiempos de respuesta son excesivamente demorados.
Pueda ser que entre el gobernador y el alcalde se aclaren las diferencias y se logre el acuerdo que se requiere urgentemente para que se de inicio a los trabajos. Lo ideal es que para final del año al menos se hayan incorporado a la base tributaria del municipio las edificaciones que se han construido en los últimos años. Lo más importante es que esta controversia no vaya a terminar en una confrontación política entre los dos mandatarios, que poco servirá en estos momentos en los que, debido a la pandemia, se requiere de la unión de todos los ciudadanos y de los gobernantes para lograr una reactivación económica.
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