La empresa más grande de Colombia, por encima de cualquiera, es indudablemente el Estado, incluso la que más empleos provee, y aunque su finalidad no sea la de obtener provecho, utilidades o ganancias, su gestión está representada en proporcionar servicios que den verdadero bienestar a toda la comunidad.
La Constitución dispone que todo trabajador tiene derecho a una “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo” según establece su artículo 53, salario mínimo que ha sido definido jurisprudencialmente como aquella parte del ingreso que se destina por aquel a solventar sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.), que posibilitan el mantenimiento de la dignidad humana; de allí que ese salario mínimo vital es diferente según el “modus vivendi” o status social de cada persona. El salario mínimo legal del código sustantivo del trabajo, que es el que se negocia cada año, o se impone, y que algunos catalogan como alto, parece ser, según expertos en el tema, uno de los rubros que más genera inflación.  
En el sector público los salarios y aumentos, son “impuestos” por los Gobiernos, atendiendo, por regla general, a las reglas que indica el Congreso (hoy la Ley 4ª de 1992); no obstante, la remuneración de los Congresistas, y atados a ella, la de otros funcionarios, su incremento se determina por la Constitución Nacional; de tal suerte, que si se va a modificar su régimen de remuneración debe tramitarse necesariamente una reforma constitucional. 
Los salarios de dirigentes gremiales, directores o gerentes, y en general de trabajadores de la empresa privada, son fijados normalmente por los consejos o juntas directivas atendiendo a parámetros de gestión y/o producción, los que, en no pocos casos se diferencian, por lo altos y en mucho, de las remuneraciones públicas; y si bien se trata de negocios privados, en materia de actividad y responsabilidades, las oficiales exigen estándares y compromiso sociales superiores.
¿Cómo sería establecer una imaginaria línea estándar para la determinación de salarios? Esto significaría que, a todos los trabajadores o empleados, públicos y privados, se situaran en un nivel de salario básico, y con base en él se determinaran las remuneraciones para todos, de manera “proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”.
¿Si el cargo más importante, emblemático y de mayor responsabilidad de un país es el de Presidente de la República, como es el caso de Colombia, por qué su remuneración está muy por debajo a la de muchos dirigentes empresariales? ¿Por qué el Gerente o Presidente de una gran compañía nacional no puede tener similar remuneración a la de un ministro, director o Gerente de un establecimiento público o empresa industrial o comercial del Estado?; o si se trata de una empresa privada asentada en una capital, por ejemplo, por qué no tener su gerente y empleados la misma remuneración del gobernador o de un alcalde o del gerente de una entidad descentralizada, y adoptarse sistema de remuneración similar a las escalas del sector público? Estimo que esto sí que contribuiría a materializar principios de equidad y solidaridad, además de generar importante movilidad laboral. 
El Estado, por razones discutibles, viene recortando desde años atrás derechos de los empleados e imponiendo excesivas cargas tributarias a la renta laboral, y nivelando también por lo bajo el sistema de seguridad social especialmente en materia pensional, pero esas diferencias que se mantienen en remuneraciones de ambos sectores debiera ponérsele algún límite, y ahí sí se podrían tenerse verdaderos parámetros de equidad y justicia laboral.