Ayer, 11 de enero, se dio en Colombia el comienzo de un nuevo año judicial, el que se espera sea distinto a las tres anualidades anteriores, pasadas por críticas, atropellos y casos de corrupción, especialmente en dos de las más altas corporaciones de justicia. Con el novel período se inicia también el debate al interior de todas las corporaciones judiciales para la escogencia de sus dignatarios para un período de un año. Ojalá no haya contratiempos en este sentido, cuestión que ha generado en ocasiones polémicas especialmente por las tardanzas en la elección y, consecuentemente, las desafortunadas divisiones al interior de ellas. Ojalá la paz cunda en esos cruciales momentos.
La Corte Constitucional tiene en sus manos el aún proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 996), que ha generado igualmente muchos debates, y cuyo trámite legislativo pasó casi desapercibido para el país. De ella dependerá en grado superlativo la nueva brújula que orientará a la rama judicial en los próximos años. Ya habrá la posibilidad de comentar el nuevo texto en caso de que esa Corte le dé el espaldarazo a la iniciativa que tanto reproche ha tenido.
A lo anterior se agrega la implementación total de la Ley 2080 de 2021, que modificó la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la que plantea importantes modificaciones y avances a las competencias en los tres niveles de la jurisdicción contenciosa administrativa, y a sus procedimientos, y la materialización del anhelo de una justicia digital y su proyección hacia el acceso expedito a la justicia, sobre lo que se espera, el Consejo Superior de la Judicatura proceda con los recursos ordenados por la misma ley reformatoria, y el crédito internacional hecho para el desarrollo del aparato judicial, a formalizar la propuesta, incluido el expediente digital, y que los despachos judiciales cuenten con el recurso humano competente y suficiente para lograr el arisco cometido de una pronta y cumplida justicia.
En este aspecto burocrático es del caso llamar la atención, que los nuevos cargos que se puedan crear sean definitivos, es decir, que no se siga echando mano de la transitoriedad que ha sido la conducta seguida en los últimos años, así como la provisionalidad de sus servidores. También es menester que esos cargos entren a fortalecer directamente la nómina de los despachos que requieren  de ese talento humano, y no como  apoyo a través de las direcciones ejecutivas de administración judicial.
En lo que toca con la justicia en nuestro departamento de Caldas, es del caso destacar que el Tribunal Administrativo arribará  este 2022, a los 100 años de haber sido creado, y será la historia la que se encargue de determinar cuál ha sido el papel que ha cumplido en su primer centenario, el que, por fortuna, ha estado al margen de cualquier escándalo, como toda la jurisdicción de este departamento, lo que ratifica que es prenda de garantía en la discusión de los derechos de las personas frente al Estado. Por supuesto que no faltan voces interesadas en desprestigiar las instituciones públicas por algún tipo de intereses soterrados, patología que, desafortunadamente, acosa a muchos colombianos.
Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura, responsable de formular la listas de candidatos a magistraturas de altas Cortes, y en su caso las Cortes al realizar la elección correspondiente, tengan el suficiente tino para blindar al aparato judicial de los aberrantes, lamentables e irreparables casos de corrupción acaecidos; esto ayudará también a dar un mensaje de verdadera transparencia y erradicar la sensación o creencia de que la confección de listas se da por influencias externas, o como traje preciso para promover unas determinadas candidaturas. Por eso se clama, por la salud de Colombia, por una carrera judicial que llegue hasta las altas cortes de justicia.