Uno de los símbolos más emblemáticos y representativos de la justicia y el derecho es la toga. Países anglosajones y de Europa continental la han usado desde hace bastantes décadas para simbolizar la majestad de la justicia a través de jueces y magistrados, y también por quienes propenden por ella: Ministerio Público, fiscales y abogados, cuyas personas se supone llegan a sus oficios dotados de muy excelsas virtudes, la honestidad la principal, y con ellas portar con auténtica autoridad moral ante la sociedad aquella prenda, la que junto con mallete (martillo de madera) también representa autoridad, bellos y significativos elementos de muy reciente implementación en los estrados judiciales de Colombia, de los que el común de las gentes no comprende aún su verdadera significación. El uso de la toga en la justicia es una herencia de la vestimenta que utilizaron los reyes, que en la antigüedad eran quienes dispensaban justicia. 
En todo el mundo ha habido y habrá escándalos por corrupción, siendo más sensible en el sector público que en el privado, por obvias razones, pero donde quizás no sea menor, pero resultando siempre comprometidos en ambos ámbitos unos mismos valores. También podría decirse que la rama judicial había estado inmune a esas reprochables y penalizadas prácticas.
Existe en la Constitución un precepto según el cual, toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre lo contrario mediante sentencia ejecutoriada, previo juicio donde sea oída y vencida (artículo 29); no obstante, en nuestro país los hechos parecen ponerse del lado del viejo refrán, “si el río suena es porque piedras lleva".
Cuatro de los cinco más altos órganos de la justicia colombiana han visto comprometida su imagen porque unos cuantos de sus miembros (no todo el estamento) han estado involucrados en supuestas prácticas non santas; aquí se recuerda por ejemplo el caso de los más famosos botines de Colombia (Asunto Escobar Araújo del Consejo de la Judicatura); o la supuesta negociación en el trámite de una tutela (caso Pretelt en la Corte Constitucional); la excesiva y bochornosa contratación en la Fiscalía (caso Montealegre), y al más reciente denuncia contra los expresidentes de la H. Corte Suprema de Justicia, Bustos y Ricaurte, y del magistrado Tarquino. Para contrastar, me llega a la memoria la actitud protagonizada por el Dr. Leonidas Bustos -publicada por Noticias Uno-, quien al momento de ser condecorado con la medalla “José Ignacio de Márquez” (con la que se exalta las cualidades de los mejores servidores de la rama judicial) como Presidente de la Corte Suprema, arrebató la insignia de manos del entonces primer dignatario de la Sala Administrativa de la Judicatura, para autoimponérsela, quizás porque no se hallaba a la ‘altura’ de él.
No existe mecanismo alguno que dé absoluta seguridad de que los servidores públicos escogidos actuarán en el ejercicio de sus funciones con plena pulcritud, honestidad y responsabilidad en la prestación del servicio oficial, pero sí hay medios que minimizan riesgos. Es el caso de la carrera administrativa, misma que debería implementarse completamente en la rama judicial, así les toque concursar a los más connotados abogados e ilustres personajes de la vida nacional para llegar a las altas cortes, y no dejar ello al interés que puedan tener en muchos casos los nominadores por razones de región, amistad, colegaje, etc. Genera en verdad pena, sinsabor, cómo en el proyecto de reforma constitucional convertido luego en el Acto Legislativo 2 de 2015, se mantuvo durante muchos de sus trámites la posibilidad de implementar la carrera judicial hasta los cargos supremos de la Justicia, no obstante, se desconoce qué intereses lo impidieron.
Esperemos que en esta nueva encrucijada salga la fórmula, no salvadora de la justicia porque la casi totalidad de sus servidores cumplen a cabalidad con la misión a ellos encomendada, sino para tratar de evitar al máximo que ciertos personajes aprovechen determinadas circunstancias para buscar hacerse monjes con el hábito.