Los servidores judiciales, y en general la justicia, asumen hoy injustas cargas de indignidad como antes no se había visto. Hubo aciagas épocas de sacrificio de vidas de jueces y magistrados por no cohonestar con prácticas delincuenciales en el ejercicio de su cumplida función jurisdiccional. Las modalidades de corrupción cambian, pero todo indica que la iniciativa comúnmente proviene de agentes externos a la institución, lo cual se torna más grave cuando esos daños se producen en las cúpulas de la justicia como acontece ahora, pero cuyo peso o incidencia cubre o tiene que soportarlo todo el aparato jurisdiccional. 
El ejercicio de la función judicial también se ve empañado injustamente y por ello también es menospreciado, por la actitud irresponsable de algunos actores judiciales, y es cuando se puede aludir a la falta de lealtad o fidelidad con el cuerpo de justicia que hace ingentes esfuerzos por prestar un óptimo servicio. Acaece cuando algún abogado que por justificarse con su cliente ante el fracaso en un proceso, pone irresponsablemente en entredicho la moralidad del juez sentenciador, generando inmerecida desazón y desconfianza ciudadana hacia la organización. 
Y también hay casos en que se pide dinero a alguna de las partes de un proceso para satisfacer una supuesta exigencia del funcionario judicial que lo tramita, o para comprometer su conciencia, siendo este ajeno a la patraña, que así mismo induce a generar dañina prevención y desesperanza social al propagarse la versión, lo que en la mayoría de los casos queda en la impunidad por el temor del comprometido ‘cliente’ en formular la queja o denuncia correspondiente, aprovechándose así, abusivamente, de la inocencia del operador judicial. E igualmente se causa enorme perjuicio a la administración de justicia cuando se trata de descalificar una actuación judicial que, incluso, no se ha llevado a cabo, como sucedió recientemente.
Pero igualmente es lamentable que no haya quién defienda el estamento judicial frente a las arremetidas, a veces institucionales, que contra él se dan, pasividad que en la mayoría de las veces ocurre para evitar confrontaciones, o por la posición humilde que debe caracterizar al juez y a la función judicial; pero mientras tanto, esos atropellos continúan lacerando la imagen de la justicia y afectando la institucionalidad del país. En este estado de cosas, ¿dónde están el sindicato y los colegios de jueces?
El llamado ahora es a formar un frente común para defender el más fundamental bastión de la democracia que es la justicia; no se debe permitir que soterrada e interesadamente la sigan debilitando. El Estado y sus instituciones, y más específicamente la judicatura, son los responsables de mantenerla incólume, pero también la sociedad misma evitando que de manera injusta se le siga causando daño. 
Si los servidores judiciales deben desarrollar su función con honorabilidad, moralidad y lealtad, la sociedad toda también debe corresponderle de la misma manera.
Hace unos años se describía en un aviso en forma lapidaria la situación de la justicia, lo cual vuelve y se vive en la actualidad: “Hoy, cuando la justicia está amenazada y lesionada en su integridad, hoy más que nunca, debemos ser solidarios con ella” “Unámonos para que la justicia viva entre nosotros”.