Desde hace varios años las distintas jurisdicciones (Contenciosa Administrativa, Constitucional, Ordinaria) y el Consejo de la Judicatura, vienen realizando encuentros nacionales que sirven no solo como mecanismo de integración judicial, sino para debatir los principales asuntos que competen a cada una de ellas. Manizales ha sido sede de dos de tales certámenes con los grandes beneficios que traen para la ciudad.
A dicho tipo de eventos asiste a su instalación el señor presidente de la República, el ministro de Justicia, el procurador general, el fiscal general, y en ocasiones el contralor general de la República, entre otros, así como destacadas personalidades internacionales del mundo de la justicia y de la academia.
El Consejo de Estado fue el pionero de ese tipo de encuentros, hace ya alrededor de unos 28 años, forjado por el Dr. Jaime Betancur Cuartas, entonces consejero de la Sala de Consulta y Servicio Civil. El primero tuvo lugar en el municipio termal de Paipa, en Boyacá. En principio, tales eventos eran reservados para el Consejo de Estado y magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos de la época, pero con el paso del tiempo y los pedidos de distintos estamentos oficiales, fueron abriéndose, hasta el punto de congregar en los últimos encuentros, más de 600 participantes.
En una nueva ocasión, entre el 28 de septiembre y el 1º de octubre de este año, se llevará a cabo el XXVI Encuentro de la Jurisdicción contenciosa administrativa, el que estará presidido por el presidente del Consejo de Estado Dr. Álvaro Namen Vargas, y que por primera vez se realizará de manera virtual. La Coordinación corre a cargo de la vicepresidenta de la misma Corporación, la magistrada antioqueña doctora Marta Nubia Velásquez Rico.
Este encuentro va a ser entonces especial, no solo por la vía digital como se va a realizar, la que ya se apoderó prácticamente de la gestión judicial, sino porque en él podrá participar gratuitamente cualquier interesado, previa inscripción a través de la página del Consejo de Estado (www.consejodeestado.gov.co) y, como todos los años, sobresaldrá por la calidad de la programación y por la relevancia de los conferenciantes invitados: Evolución constitucional de lo contencioso administrativo en España (Luciano Parejo Alfonso); Filosofía del Derecho para juristas (Manuel Atienza); Aplicación del Decreto 806 de 2020 en lo contencioso administrativo (Instituto de Derecho Procesal); La argumentación judicial en casos complejos (Mario Chaumet); La reparación integral en derecho administrativo contemporáneo, más allá de lo pecuniario (tratadistas mexicanos); La presunción de autenticidad de la prueba documental (Hernán Fabio López Blanco); La perspectiva de género en la actual pandemia (Magistrados de las distintas cortes colombianas); Experiencias de la justicia colombiana durante la pandemia (Presidentes de las altas Cortes y del Consejo Superior de la Judicatura); Prohibición de los fallos reglamentarios en el contencioso administrativo francés (Simón Gilbert, Universidad de Nantes); El precedente contencioso administrativo (Carolina Deik); Lagunas en el derecho (Pierluigi Chiassioni); el Dr. Diego López Medina disertará acerca de los Problemas especiales en la escritura jurídica, entre otros.
Pues bien; en ese Encuentro XXVI, en el que harán presencia electrónica los máximos voceros de las Cortes de justicia de nuestro país y el Gobierno, los magistrados de los Tribunales y jueces de la jurisdicción, y demás participantes, podría constituirse también en un momento crucial en la preservación del principio de separación de poderes, y en donde en esta etapa histórica se pueda recordar y expresar al ejecutivo y a la sociedad la necesaria independencia y respeto por la actividad de los jueces de la república, en aras de mantener el Estado de derecho, tal como lo diseñó el constituyente de 1991.
Es que pareciera que este estamento esencial en la organización estatal careciera de dolientes, constituyéndose por tanto la importante cita, en la gran oportunidad para que se desagravie la justicia como lo reclama la institucionalidad; de esa manera, se podrá contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y a darle al estamento judicial el sitial que le corresponde y que la historia le ha asignado.