Uno de los momentos de mayor orgullo que debería sentir y expresar un ciudadano es cuando empieza a prestar sus servicios al Estado (entiéndase a la comunidad), sin importar el nivel o escala en el cual se va a desempeñar. Si ese nuevo -o antiguo- servidor público tuviera la conciencia, el convencimiento, la satisfacción, es decir, el honor de lo que significa ser un “servidor público”, el sector oficial no estaría sometido a tanta irresponsabilidad y escarnio o afrenta mediática, como acontece. El Estado es una institución creada por la sociedad y puesta a su servicio dijo el profesor García de Enterría.
El servicio o función pública ha cambiado, ha tenido avances, no hay duda, pero también son muchas las máculas que lo afectan.
Aunque hace algunos años no existía la carrera administrativa para garantizar el mérito para el acceso y permanencia en los cargos del Estado, como sí existe hoy (art. 125 de la Constitución), antes accedían a él las personas más estructuradas, representativas y/o cívicas de la sociedad, las que, a su vez, le daban lustre a las instituciones públicas donde se desempeñaban, y esto ocurría, en general, en todas las ramas y órganos del Estado.
El pacto político de Sitches y Benidorm, que dio origen al “Frente nacional” nuestro, propició un odioso reparto burocrático equitativo llevado a norma constitucional, el que con el paso de los tiempos fue convirtiéndose en la base electoral fundamental de los dos partidos tradicionales colombianos, dando nacimiento al lamentable vicio del ‘clientelismo político’, el cual permanece en gran medida en detrimento de nuestra frágil democracia; repartija de puestos que así mismo ha dado lugar al ‘enganchamiento’ de personas sin ninguna vocación y formación, improvisándose en muchas ocasiones el ejercicio de los oficios públicos con los problemas de administración y corrupción que hoy se presentan por doquier. Si otrora las personas les daban lustre a los empleos y al propio Estado, hoy son los individuos los que buscan que esos cargos públicos les den brillo o lucimiento en procura de nuevas aspiraciones.
Y se me ocurre que a los responsables de los organismos públicos, no a todos, les falta entusiasmo para promover la inducción a los funcionarios que ingresan al respectivo servicio, explicándoles no solo cuál es el papel a desarrollar, sino concientizándolos sobre las responsabilidades que adquieren con ellos mismos, pero sobre todo con la colectividad a la cual van a servir. Fuera de esta omisión, igualmente se ha ido entronizando la costumbre de no efectuar posesión formal a servidores públicos.
El artículo 122 de la Constitución ordena que “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”, momento que se constituye en crucial para explicar o recordar al novel servidor la dimensión de la responsabilidad que asume. Pero esta solemne exigencia constituicional está convertiéndose en mera formulación teórica, o reduciéndosele la verdadera importancia que posee, y la misma parece estar quedando reservada solo para los altos dignatarios del Estado y de las administraciones territoriales; y al sustraerse los responsables de realizar las posiciones, no solo están incumpliento de manera grave y ostensible aquel mandato superior, sustituyéndose por un simple documento sin presencia del responsable de cumplir la atribución, y a veces consignándose situaciones que no han acotencido, como la toma del juramento, lo que podría acarrear problemas no solo para el empleado, sino eventuales responsabilidades administrativas y judiciales.
Por eso el llamado es para las autoridades públicas, para que le den la seriedad y verdadero significado que tiene el acto de posesión, el que se repite, no es una simple formalidad, es ni más ni menos el compromiso que se asume con la sociedad de prestarle un excelente servicio, cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes y los actos administrativos, y si no hay ese compromiso público, ello ha podido incidir en tanto desafuero en la organización estatal.