Ha venido anunciándose de manera paulatina quiénes serán algunos de los futuros ministros que conformarán gobierno con el nuevo presidente Gustavo Petro quien simbolizará la unidad nacional, y no obstante la crítica pública que se da frente a los complejos temas que entraña cada cartera ministerial, se va dando un parte de tranquilidad con los hasta ahora escogidos, lo cual quedará formalizado el próximo 7 de agosto con el primer decreto que, como suprema autoridad administrativa, expida el jefe de Estado una vez tome posesión del cargo, momento solemnísimo en el que jurará cumplir con la Constitución y las leyes de la República y se obligará a garantizar los derechos y libertades de todos los Colombianos, conforme lo manda el artículo 188 de la Constitución.
Pero todavía no se anuncia, entre otros, al que será ministro de justicia, que no obstante el también sensible campo institucional que le corresponderá atender y dirigir, tradicionalmente no se le da la misma connotación, fuerza ni fortaleza que sí se le otorga a otros despachos; es decir, casi que se le da el tratamiento que ha tenido la rama judicial, catalogada como la ‘cenicienta’ del aparato estatal, aunque gracias a la Constitución de 1991 empezó a tener una dinámica y protagonismo distintos y superiores. Ojalá que la confianza que empieza a despertarse en la conformación del novel gabinete, la misma ronde al futuro minjusticia, con la designación de un servidor experimentado en gestión pública, que sea un verdadero conocedor de los asuntos de Estado, pero principalmente de la justicia, uno que deje huella, que despierte el interés y admiración de los colombianos y se convierta en un auténtico adalid en la tarea que realice.
El Ministerio de Justicia tiene como política pública el ordenamiento jurídico, la defensa y seguridad jurídica, el acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, a la vez que coordina las relaciones entre la rama ejecutiva, la rama judicial, el ministerio público, los organismos de control, entre otros, para el “desarrollo y consolidación de la justicia y del derecho”, no debiendo por ello el nuevo ministro meter en ‘saco roto’ la sugestiva reforma, si no abolición, de la Procuraduría
General de la Nación, ente que a la hora de ahora en lugar de haber colmado las expectativas nacionales, ha entrado en un ambiente de desgaste, desprestigio y frustración, no solo por la manera cómo se ha venido dirigiendo en los últimos años, sino por el mecanismo de elección, pero también por la manera como se ha desafiado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al habérsele asignado funciones judiciales por parte del Congreso de la República, desvirtuándose lo que entraña un mecanismo democrático como lo es la elección popular de ciertos servidores públicos, cuando bien se ha podido dejar su remoción en manos de los jueces como lo pidió ese tribunal, incluida, como acontece hoy, la justicia administrativa.
Se necesitará entonces un ministro de justicia que se haga ralmente vocero de la causa a la que se comprometerá promover y defender; con cualidades de independencia y honestidad a toda prueba, y que la misma sea ajena a ‘negociaciones’ que contaminen los fines que encarnan los altos intereses del país. Ojalá sea un nombramiento que haga verdadera historia.