La polarización política, que no debería suceder en una sociedad moderna y auténticamente democrática, parece estarse concentrando ahora en una polarización económico-pensional, y da desazón observar la falta de objetividad que hay por doquier para prohijar tal o cual posición. Cuando se pierde la sensatez, o se manipula la información, o se aprovecha el desconocimiento, la gente entra en un mar tal de dudas que la lleva a refugiarse en el miedo del naufragio y a adoptar decisiones que pueden ser desacertadas.
No hace muchos años la seguridad social en pensiones era organizada, conducida y garantizada de manera exclusiva por el Estado. Así, se tenía el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), luego ISS, organismo que percibía las cotizaciones de los empleadores y trabajadores privados; y una Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, que recibía los aportes de los entes y servidores públicos. Las dos entidades prestaban igualmente servicios de salud. Ambos organismos fueron constituidos como establecimientos públicos (prestaban un servicio público), y la primera fue luego transformada en empresa industrial y comercial del Estado (para realizar actividades de naturaleza industrial o comercial). Todo funcionaba normal desde el punto de vista técnico y administrativo, habiéndose convertido en instituciones muy queridas por los colombianos, hasta que la politiquería se entronizó en ellas, no propiamente para mejorarlas, y vino el desgreño administrativo; y como en nuestro país las responsabilidades se atribuyen a las instituciones antes que a sus funcionarios, pues el camino más fácil era, si no modificarlas, para agravar, sí para acabarlas, como finalmente ocurrió con aquellas
Las nuevas escuelas de la globalización y el neoliberalismo se apoderaron de los países, incluido Colombia, con el argumento de que Estado que no se subiera a ese tren, quedaría prácticamente excluido de los nuevos paradigmas mundiales. Ello obligó a una apertura económica propiciando que muchos frentes que estaban bajo la égida del Estado (servicios públicos, por ejemplo) hicieran su tránsito al sector privado, éste que además sabía que allí encontraría ricos filones que le generarían pingües ganancias. Incluso los privados empezaron a cuestionar el por qué el Estado tenía que explotar ámbitos que no le correspondían (v. gr. el financiero), sin reparar que el mismo lo hacía para regular el mercado con la finalidad de satisfacer también necesidades de interés colectivo, cuya aceptación ha llevado a que la actividad oficial en esos campos poco a poco hayan ido desapareciendo.
El sistema pensional siempre ha marchado paralelo a la situación fiscal del país, es decir, con verdades o con mentiras, de crisis en crisis, sin que nada mejore; por el contrario, cada vez parece empeorar más; y ese panorama como que se ensombrece con mayor severidad cuando hay muchos actores, económicos y políticos, interesados en sembrar desconcierto y más hesitaciones. El interés que hoy por hoy suscita las pensiones -lo que antes no ocurría-, ocupa ya la amplia atención de académicos, administradores y legos.
Siempre se ha escuchado que de los dineros que eran depositados en las arcas pensionales del ISS eran utilizados por el propio Estado, a título de préstamo, para cubrir sus necesidades de funcionamiento, los que supuestamente no devolvía, situación que daba lugar a la descapitalización del fondo, y lo que debía obligar a hacer reformas pensionales, como el aumento de edad y de semanas de cotización, así como el castigo en el monto de la pensión, y siendo así, esto tampoco ha sido la solución, generando siempre nuevas perplejidades en pensionados y no pensionados, incluida la propuesta actual de gravar incluso con impuestos las respectivas mesadas. Indudablemente que el Estado, el que considero buen administrador con las herramientas de las que dispone, a pesar de los tantos desafueros que cometen muchos de sus servidores, con altos niveles de corrupción inconcebibles también en ese campo,  hasta el momento no ha podido encontrar la fórmula para superar la supuesta crisis, lo que asimismo ha ido creando una ausencia de confianza en los gobernados. 
La Ley 100 de 1993 es igualmente artífice de la polémica que hoy se presenta en materia pensional. Establecido el nuevo orden económico, los privados, especialmente el sistema financiero, empezaron a tener el campo expedito para incursionar en ese novel negocio. Recuerdo el asedio de sus voceros sobre los empleados para que optaran por el régimen privado de pensiones y no por el público, muchos de los cuales fueron convencidos de sus hipotéticas bondades, pero que el poder judicial ha querido restablecer el derecho a estar en el fondo público. También es curioso que entidades públicas hayan obligado a sus servidores a depositar las cesantías en fondos privados, en donde las sumas acumuladas pueden tener tanto ganancias como pérdidas, lo que jamás ocurría en el sector público, incluida su administración. Ojalá el nuevo estado de cosas que se avecina logre solucionar y consolidar de una vez por todas el asunto de las pensiones, pero sin que signifique más incertidumbres y sacrificios para cotizantes y pensionados, pues ese logro es el esfuerzo de muchísimos años de servicio.