En la crisis financiera 2008-2009, las instituciones financieras de Estados Unidos se vieron al borde del abismo cuando reventó la burbuja inmobiliaria, relata el filósofo político Michael Sandel en su obra “Justicia ¿hacemos lo que debemos?”. Las instituciones financieras de Wall Street “habían ganado miles de millones de dólares gracias a complejas inversiones respaldadas por hipotecas, pero su valor cayó en picada”, arrastrando consigo también a los “estadounidenses corrientes cuyos planes de pensiones perdieron buena parte de su valor”, expone también el mismo profesor de la Universidad de Harvard. Pero la ira llegó cuando el presidente Bush pidió al Congreso 700 mil millones de dólares para rescatar a los grandes bancos y entidades financieras del país, y no había otra salida, pues esas organizaciones, llevarían al hundimiento el sistema económico entero. La indignación por el rescate financiero la sintetizó el autor en la sensación de injusticia que generó. Desde el punto de vista moral, dijo, el pueblo “tenía la impresión de haber sido víctima de una forma de extorsión”, considerando que con la jugada se estaba recompensando la codicia y premiando el fracaso de tales entidades.
Aquel relato hace recordar, de un lado, la época del fatídico UPAC, de muy ingrata recordación para muchísimas familias que, impotentes, vieron perder sus anheladas viviendas sin cuota inicial, ante el voraz e impávido sistema financiero; la Corte Constitucional cerró el paso a la crasa injusticia. Por el otro, la implementación en nuestro país del famoso tributo del 2x1000 (hoy 4x1000), para salvar de la bancarrota o iliquidez al sistema financiero; este gravamen, que se anunció como transitorio, se creó curiosamente también en un estado de emergencia económica. 
Desde hace varios años se informa igualmente que son descomunales (billonarias) las ganancias de la banca, y que se sepa, no se ha anunciado, por fortuna, que en la actual encrucijada nacional tenga momentos difíciles que avizore asomo de crisis económica, sector que es de lo poco que hoy se halla en funcionamiento.
Circula por doquier la interpretación que hacen entendidos en materia política, jurídica y económica, según la cual, la contribución forzosa (impuesto solidario por el covid-19) establecido mediante el Decreto 568 de emergencia económica a asalariados y contratistas, resulta inequitativa frente a otros fuertes sectores económicos que resultaron inmunes al gravamen; además, que el traslado de cotizantes de fondos de pensiones privados a “Colpensiones” perjudica la situación financiera de esta entidad pública y beneficia a dichos fondos, que hacen parte del sistema financiero; a lo que se agrega el cuestionado traslado de recursos del fondo de pensiones públicas territoriales para atender la emergencia.
Los gobiernos nacionales han sido proclives a eliminar entidades públicas de la estructura del Estado, o a venderlas, lo que hace parte de la filosofía neoliberal, doctrina económica que ha dejado muchos sinsabores; y los peligros a los que se vería sometida Colpensiones, traen malos augurios y podría seguir ese rumbo, pues se acudiría al viejo expediente de insostenibilidad del sistema, inviabilidad de la entidad, o a la perseguida reforma pensional, quedando eventualmente todo el sistema bajo el régimen privado. Y el impuesto solidario, se me ocurre, ha debido estar acompañado de una figura jurídica fuerte que blinde tales recursos del asecho de la corrupción, así como haberle dado herramientas verdaderamente eficaces a las veedurías ciudadanas para que vigilaran la destinación de dichos recursos.
La Corte Constitucional -también en la encrucijada-, con toda seguridad hará un examen riguroso e imparcial a cada uno de los decretos legislativos que, de manera profusa ha dictado el Gobierno en esta emergencia económica, social y ecológica, y deberá poner también muy especial atención en aquellas regulaciones que podrían poner en riesgo más garantías sociales, hoy venidas a menos con reformas constitucionales y legales. Por fortuna, ya tampoco están allí elementos perturbadores de la transparencia y la imparcialidad que tan mala imagen le dieron a la justicia nacional.