El célebre libro de filosofía política de Juan Jacobo Rousseau señala cómo pudo ser el origen de una sociedad políticamente organizada, según el cual, hubo un acuerdo de convivencia que se regiría por el sometimiento a unas normas y la existencia de una autoridad (Estado) encargada de garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes surgidos de ese pacto y de esta manera lograr las finalidades sociales, el que podría ser modificado por la misma voluntad de los asociados. El pacto social de un país lo constituye la respectiva Constitución nacional.
Los artículos 103 y 270 de nuestro último “Pacto Social” (entiéndase Constitución de 1991) consagraron como parte importantísima del nuevo Estado social y democrático de derecho las veedurías ciudadanas, disponiendo que aquel (el Estado) contribuiría a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones de profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, “con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”; y que la Ley se encargará de organizar las formas y sistemas de participación ciudadana que “permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”, lo que incluye por supuesto la contratación estatal, que se estima, es el principal desangre de las arcas del Estado junto con otras modalidades de corrupción claramente determinadas, pero sobre las cuales la acción de las autoridades resulta demasiado precaria por distintas circunstancias también conocidas. Aquellas veedurías no obstante los progresos, no están lo suficientemente implementadas, y a la postre, en nuestro estado actual de cosas, desarrollan una actividad que puede conllevarles ciertos riesgos. 
La consulta anticorrupción representó ante la incapacidad de los órganos de control, de otras autoridades, de las veedurías, etc., una herramienta eficaz para combatir los métodos delictivos y antiéticos con los que en muchísimos lados se lleva a cabo la gestión pública por parte de los ‘voceros’ de las comunidades y una alerta para quienes son proclives a deteriorar con es mácula las estructuras del Estado, y como hay voluntad política para implementar o desarrollar los distintos puntos sometidos a la consideración de la ciudadanía, se espera que muy pronto las normas pertinentes empiecen a ser una realidad material y no meramente formal, y así encumbrar las labores públicas a los más altos estándares de moralidad, calidad y pulcritud.
Sin embargo, el tema de la reducción, o como se dice para hoy ‘congelación’ de salarios de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado puede generar situaciones no deseadas. 
Pensemos en una sociedad ideal, aquella donde tampoco hay el fenómeno que se busca ahora erradicar en Colombia. El servicio al Estado -que es el mismo a la sociedad-, representa un verdadero honor y al cual deben llegar los mejores que tengan una auténtica vocación de civismo. El salario es un elemento importante para atraer a aquellos. 
En el caso nuestro, vivir en la gran capital tiene unos costos bastante elevados para quienes llegan desde la provincia y quieren desde allí prestar un servicio a la colectividad; congelar, o peor aún, disminuir los salarios, va a desincentivar a futuros candidatos que no solo deben velar por su sostenimiento en el lugar, sino el de su familia en otra municipalidad. ¿Qué podría acarrear esto en un futuro no muy lejano? Que sean pocas las personas de territorios fuera de Bogotá que quieran enrolarse en el sector público en esa ciudad, y que, finalmente, el Congreso de la República solo pueda ser ocupado por personas suficientemente adineradas o con el respaldo de éstas, con los consecuentes riesgos de trabajar por sus propios intereses, o de una plutocracia venidera, restándose así posibilidades democráticas a muchos sectores de la población, pues las ayudas del Estado, también insuficientes, de ningún modo garantizan la elección. 
Que en las discusiones correspondientes se evalúe muy bien el impacto que una medida de tal naturaleza puede causar, y, además, parodiando al mismo Rousseau, que, si ‘el hombre nace bueno, la misma sociedad no lo corrompa’.