Hasta hace algo así como una década existían en todas las corporaciones de justicia (Cortes y Tribunales) los desafortunados ‘empates’ cuando se trataba de adoptar muchas de sus decisiones, especialmente sentencias, paridades que eran dirimidas por conjueces, que son abogados litigantes de prestigio en cada sede de aquellas y quienes prestaban su concurso para definir la mayoría, por lo que quedaba en sus manos el sentido de la decisión. Esa tarea, siempre difícil, generaba en ocasiones suspicacias. Tal labor es hoy excepcional, pues las composiciones de las corporaciones judiciales ya son impares, y en caso de llegar a afectarse la mayoría en una Sala o Sección (por impedimentos, por ejemplo), debe acudirse primeramente a otros magistrados.
 Nuestra Corte Constitucional no deja de estar en una posición de intranquilidad para expedir sus sentencias, debido a las presiones que desde distintos frentes o sectores se ejercen sobre ella, y así también lo ha estado recientemente la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, y lo propio podría pensarse con respecto al Consejo de Estado, cuando en sus manos está decidir, por ejemplo, las demandas de pérdida de investidura contra congresistas. Antes era solo respeto y consideración por toda la rama judicial, la que está permanentemente, por diversos motivos, en la agenda de gobernantes y políticos, y más cuando se sienten asediados por ella, cuyo ambiente la ha hecho entrar también en un grado de deslegitimación, así la mayoría de los colombianos no alcancen a comprender o detectar ese motivo o causa.
 La acción de tutela que acaba de fallar el supremo tribunal constitucional colombiano sobre la posición jurídica que debe tener el expresidente Álvaro Uribe en un proceso penal que se adelanta en su contra, es una muestra palpable de ello según se ha denunciado; pero también se palpa una vez más la tremenda división conceptual o argumentativa en dicha Corte, pues 4 magistrados estaban a favor de la ponencia desfavorable en el asunto de marras, y otros 4 en contra, por lo que la definición quedaba solo en manos de uno de los 9 magistrados que la integran, según se indicaba, del magistrado Ibáñez. Pero lo que más sorpresa generaba, y por contera, desazón, fue la ubicación mediática (¿presión?) en que fueron poniendo a los integrantes de cada ‘bando’, ello de acuerdo a su postulación gubernamental o a sus perspectivas ideológicas, calificándolos a la postre, para el caso, de uribistas y antiuribistas, resultando cuando menos increíble que eso pueda suceder, o que de ello se acuse injustamente a la indicada corte de justicia, pues no es acorde con la independencia y legitimidad en su delicada misión. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que se demuestra, una vez más, que cualquier asunto judicial que sea, máxime si es de envergadura, sería definido, a través de la acción de tutela -so pretexto de violarse o amenazarse un derecho fundamental, pues hay argumentos para todo-, por la Corte Constitucional.
Y en una votación de 5 a 4 en el espinoso asunto, ¿quién tiene realmente la razón? ¿El que arroja un guarismo aritmético levemente superior? Hay que aceptarlo, ese es el postulado democrático de las mayorías y la forma civilizada de poner fin a una controversia.
 Para darle una verdadera legitimidad a las providencias judiciales, lo decía hace algunos meses en este mismo espacio refiriéndome al caso francés, los salvamentos y aclaraciones de voto deberían quedar en el más profundo anonimato, y así, la decisión mayoritaria aparecería como votada unánimemente. Esto evitaría las constantes polémicas y arroparía de auténtica seguridad jurídica a las decisiones judiciales, que sería lo más conveniente para el país; cualquier discusión pública, el escenario apropiado es la doctrina (tratadistas del derecho), no la rama judicial, salvo en sus sesiones secretas.
 Y si en verdad hubo presiones indebidas sobre los magistrados de la Corte provenientes supuestamente de connotadas figuras de la política, ¿qué papel va a jugar la Fiscalía contra los supuestos responsables de esa anómala situación?; es la oportunidad de mantener incólume el aparato judicial, o de resto el país podría pensar una vez más: ¿acaso la justicia es solo para los de ruana?.