Desde un punto de vista macro, las últimas 4 o 5 generaciones -si tenemos en cuenta que éstas se suceden cada 25 años-, siempre hemos vivido y sentido en el país un ambiente institucional intensamente pesado, conflictivo, politiquero, de intrigas y envidias, impune, demagogo, de competencia desleal, y todos los demás problemas sociales que lo aquejan, y lo peor, sin señales claras de soluciones a la vista; anomalías que, desafortunadamente, se han impregnado en prácticamente todas las instituciones y empresas, y donde aparece seriamente comprometida la conciencia nacional; en su lugar, se vivencia un futuro penumbroso, pesimista, incierto, y ello sin rememorar los padecimientos acaecidos en toda la vida republicana que la historia seria e imparcial haya podido contar, todo lo cual se ha convertido ineluctablemente en una especie de desgracia nacional. Hasta bueno sería intentar un “federalismo” como en la Constitución de 1863, ya con mentalidad y épocas bien distintas, para hacerle frente a un sistema político desgastado que parece ya fallido o fracasado.
Mientras tanto, un distinguido magistrado de la H. Corte Suprema de Justicia, el Dr. Gerardo Botero Zuluaga, otro más de los que ponen la mano dura sobre las llagas de la justicia, genera un nuevo debate en torno al funcionamiento administrativo de la tercera rama del poder público. Se trata de un provinciano (así se llama peyorativamente en todo el mundo a quien no es de la capital de un país) que, como muchísimos, emigró a Bogotá en procura de agarrar el sueño de una magistratura de esa alta Corporación (no a todos les va igual), la que logró, con formación y experiencia judicial (no siempre suficiente), y mucha suerte -no sé si con influencias-, después de muchos años de ejercicio como magistrado auxiliar en la misma corporación.
En entrevista dada a medios de comunicación, el Dr. Botero cuestionó severamente el rumbo que tomó este año la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Casación, cuando, según acuerdo interno, él debía serlo por ostentar la vicepresidencia, lo que parece se lo impidió una supuesta influencia gubernamental, al mismo tiempo que criticaba que las cortes se hayan convertido en trampolín para alimentar aspiraciones de magistrados a cargos políticos del gobierno; o también para promoverse a cargos de elección popular.
Es apenas natural que surjan intereses hacia cualquier dignidad, es parte del juego de la democracia; por lo mismo, no es extraño que ello acaezca ante la Presidencia de una alta Corte cuando la oportunidad de ostentarla es reducida si se tiene en cuenta que el período de un magistrado es de 8 años y no todos pueden tener el honor de ostentar el que se dice cuarto cargo más importante de Colombia.
En las Cortes Suprema de Justicia y Consejo de Estado existe el consenso de que el vicepresidente sea quien suceda al presidente para el período (1 año) inmediatamente siguiente, además en la primera, respetando la Sala de Casación a la que le corresponda, mecanismo con el que se busca evitar rivalidades y no se dificulte la elección formal; pero no siempre ello acontece por diversas circunstancias que son igualmente muy del ámbito interno.
Conocí en el 2018 al Dr. Jorge Luis Quiroz, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala de Casación Laboral, la misma del Dr. Gerardo Botero, quien también fungió como magistrado auxiliar de la misma alta corporación. Aquel me dejó entonces la más grata impresión no solo por su calidad humana, sino por su convencimiento y vocación en el apostolado judicial, el que va poder culminar, no sin tropiezos para llegar allí. Obtuvo tempranamente la alta distinción al surgir como alternativa -como pudo ser cualquier otro magistrado-, para destrabar la elección presidencial, como también ha acontecido en el Consejo de Estado, lo que no deja de ser una posibilidad frente a una situación que se convierte en inextricable…