La Policía de Risaralda capturó y exhibió ante los medios de comunicación a una mujer de 86 años que se robó tres libras de arroz de un supermercado en Santa Rosa de Cabal. El hecho ocurrió a finales de febrero y - una vez más - las redes sociales se llenaron de expertos en derecho penal y defensores de los pobres que estaban a favor o en contra de que sancionaran de manera ejemplar a la anciana cleptómana, pues al parecer registra anotaciones por situaciones similares.

Dura lex, sed lex reza ese aforismo del derecho romano, que indica que es obligatorio aplicar y respetar la norma a pesar de su dureza, pues persigue un bien social. La señora debe ser castigada por sus actos, pero en un país donde se roban $70 mil millones en contratos ficticios para la conectividad y educación de los niños, esas libras de arroz son nada. Y si tenemos en cuenta que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane registró que 21 millones de colombianos no cuentan con recursos para comprar una canasta básica de alimentos, y que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO incluyó a Colombia en una lista de naciones en riesgo de sufrir hambre durante el 2022, lo que hizo esta mujer es un acto desesperado de supervivencia. Pero mientras a esta señora medios como El Tiempo la señalan de “cleptómana”, a verdaderos hampones - condenados por montar complejos entramados de corrupción - los llaman “empresarios”.

Es el caso de Carlos Mattos, condenado a 56 meses de prisión y a pagar una indemnización al Estado de unos $8 mil millones por sobornar jueces y uso ilícito de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. En emisoras y notas de prensa le dan trato preferencial, cuando no es más que un canalla tramposo que finge enfermedad y senilidad para hacer de las suyas. Igual sucede con el abogado Diego Cadena. Un vultúrido defensor de mafiosos investigado por sobornar testigos y fraude procesal que, a pesar de tener detención domiciliaria, goza de la posibilidad de viajar a Panamá y hospedarse en hoteles de lujo. En las entrevistas le dicen “doctor” cuando él mismo se hace llamar “abogánster”.

Y detrás de estos dos personajes hay uno más repudiable, el abogado penalista Iván Cancino González. Su estrategia no se basa en defender a su cliente sino en dilatar los procesos hasta que estos se cierran por vencimiento de términos. Inventa enfermedades (la diarrea es su favorita) y citas ineludibles de último momento que obligan a que el tiempo corra, los fiscales se ocupen y que a los jueces se les agoten los recursos. A este también le dicen “doctor”; “doctor Cancino”, aunque debería ser “cansino” porque cansa. Un docto en hacerse el pendejo (“me lo encontré de pura casualidad”, dijo cuando lo descubrieron reuniéndose con Mattos fuera de la cárcel) o en encontrar argucias para excusar el comportamiento de sus clientes (que hubo un “error de procedimiento” en el momento de la captura de Cadena y que por eso puede salir del país cuando quiera, explicó esta semana en la radio). Y cuando la entrevista se pone pesada recurre a esa oratoria tan de los abogados y al uso de latinismos anteriormente mencionados, para parecer erudito y dejar patidifusos a los paisanos que no saben latín. Este penalista es un ejemplo de que los límites éticos y morales son difusos en el Derecho, y que la expresión Ius est ars boni et aequi (El Derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo) no es más que carreta que enseñan en las facultades.

El abogado Fabricio Mantilla Espinosa, en un documento titulado “Interpretar”: ¿aplicar o crear derecho? análisis desde la perspectiva del derecho privado (https://bit. ly/3pC9hkk), da a entender que la situación del Derecho en Colombia está tan desdibujada que todavía hay quienes creen en que los jueces cumplen las leyes a rajatabla. Sí, Dura lex, sed lex, pero para ancianas cleptómanas. Para Cancino y su actuar reprochable no es más que un chiste. No importa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anuncie que investigará la conducta de este abogado, pues este “doctor” sabe que se tapan con la misma cobija o los aqueja la misma diarrea.

La exclusiva dada a conocer ayer por la revista Semana (https://bit.ly/3HKms9k) en la que exponen la estructura de corrupción del senador caldense Mario Castaño, con al menos 70 personas involucradas y unos $60 mil millones robados del erario, es un duro golpe a la mesa electoral de la región, pero no lo suficiente como para bajar al político pacoreño de su curul. A escasos días de las elecciones al Congreso, ya la maquinaria está funcionando y las piezas están bien engrasadas. Lo triste es que si las investigaciones prosperan, nuestro departamento pierde un senador y poco a poco se irá desgranando la mazorca del Partido Liberal que él armó, arrancando con sus fórmulas: José Octavio Cardona León, Marta Llaneth Álvarez Salazar, Andrés Felipe Betancourth López, Juan Camilo Aldana Morales y