En momentos en los que el fiscal anticorrupción acepta que es corrupto, y un secretario de Seguridad es investigado por estar aliado con los criminales, la credibilidad en las instituciones se desmorona. Cuando los ciudadanos ven que la justicia no castiga como se debe a los culpables, cuando los escándalos de ladrones de cuello blanco y políticos torcidos llenan las páginas de los periódicos, cuando el sistema de salud enferma, cuando la popularidad del Gobierno está por el piso y el país está dividido por una lucha de egos, no es raro que la gente se refugie en la fe para hallar confort espiritual. 
Pero no se está acudiendo a la Iglesia católica, otra institución que -solita- se encargó de dañar su reputación. Protegió a los curas que abusaron sexualmente de niños. También ocultaron millones de euros en cuentas secretas del Vaticano, dineros que en teoría debían destinarse para ayudar a los fieles. 
Hoy quienes acogen a estas almas urgidas son las iglesias cristianas. Esas que nacen en el garaje de una casa con unas cuantas sillas Rimax y en cuestión de meses pueden congregar multitudes dignas de un evento como Rock al parque. Estos herederos deformados de la Reforma Protestante del siglo XVI, reúnen en Colombia a 260 iglesias. Esto es, según el Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol), que alrededor de 10 millones de personas (casi el 20% de la población del país) hacen parte de sus congregaciones.
Algo de historia: En 1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra rompió con la Iglesia católica y desconoció el poder del papa, que desde Roma le decía qué hacer en cuestiones morales y espirituales. El soberano se nombró Jefe Supremo de la Iglesia de Inglaterra e hizo sus propias reglas. De este modo pudo separarse y casarse en seis oportunidades, además de tener un par de concubinas por ahí. También pudo amasar un gran poder y unificar fortunas familiares, pues cada esposa traía su dote. Todo permitido ante los ojos de Dios y su nueva iglesia.
Poco ha cambiado desde entonces. Cada quien interpreta la Biblia a su manera y puede emanciparse de la iglesia para montar la suya. También puede organizar sus estatutos de modo que cualquier maniobra que pueda ser ética y moralmente reprochable ante las normas de una nación, resulte aceptada -incluso alabada- por sus feligreses.
¡Ah, los feligreses! Personas manipuladas por sus pastores para que se dejen llevar más por sus emociones que por la razón o la reflexión. Nuestra Constitución política establece en el Artículo 13 del Capítulo 1 (De los derechos fundamentales) que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”. La Biblia, en el Antiguo Testamento, dice: “Ante Dios, tú y yo somos iguales; también yo fui tomado de la tierra” (Job 33:6). Pero si alguien como María Luisa Piraquive, cofundadora y líder de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (e investigada por la Fiscalía por los delitos de homicidio y narcotráfico), alega que los “mochos, tuertos, bizcos, mudos o sarnosos” no deben subir al púlpito por razones de conciencia y estética, pues es palabra de Dios. Y sus seguidores cumplen, y la adoran, y otorgan complacientes millones y millones de pesos.
Tanta masa cautiva, obediente y echada en el bolsillo resulta muy atractiva para los políticos. De ahí que estas llamadas iglesias de garaje se hayan convertido en factor determinante para el futuro del país. Han sido ingrediente fundamental en algunos de los hechos que hoy polarizan a Colombia: Apoyaron el NO durante el plebiscito por la paz, repudian la inclusión y rechazan la ideología de género.
Hoy tienen la sartén por el mango y ya los rondan políticos con ansias de alcanzar una curul, una alcaldía, una presidencia. Entonces estos Viviane Morales y Alejandro Ordóñez -pusilánimes, sin ideas y mezquinos- se acercan a estas iglesias por los mismos intereses de Enrique VIII: acumular poder, saciar sus placeres y dejar caer el hacha en el pescuezo de todo lo que le fastidie. Como le sucedió a algunas de sus esposas.