No sé qué esperábamos los colombianos tras conocerse que el gobierno de Iván Duque no ha comprado las vacunas para el Covid-19, a pesar de que salió en televisión anunciando las 29 millones de dosis que llegarían al país. Es lo normal en esta presidencia de ineptos ante lo urgente. Pero, siendo justos, en esta situación no es cosa del mandatario. Es culpa del andamiaje en el que está montada la estructura política mundial. Un entramado de burócratas en el que las órdenes se transmiten como en el juego del teléfono roto: uno manda, otro dice, aquel decide, ese firma, este aprueba, no sé quién revisa, fulano legaliza, zutano comunica, mengano redacta, perencejo informa, pepito cobra, perengano paga y al final no es como se debían hacer las cosas.
Esa telaraña es la que permite la corrupción y que los pícaros y las multinacionales se llenen los bolsillos con contratos sastre y beneficios particulares.
En Colombia se le está pidiendo transparencia al gobierno y que muestre los contratos con las farmacéuticas, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se muestra vacilante porque hablar con certezas lo metería en problemas. En Europa, por ejemplo, este ejercicio de honestidad terminó en problema diplomático.
A la Comisión Europea - CE, que es el gobierno de la Unión Europea, le solicitaron hacer público el valor de las vacunas compradas y solo la empresa CureVac mostró los documentos. Debía hacerlo; el mayor accionista de esta compañía es el gobierno alemán, cabeza de la CE y se espera que dé ejemplo.
Aún así, cuando la ministra belga de Presupuestos, Eva De Bleeker, quiso ser transparente y publicó lo que costaba cada dosis de CureVac (10 euros) contrastada con las demás (la más económica es la de AstraZeneca-Oxford, a 1,78 euros la dosis; la más costosa es la de Moderna, en 14,6 euros), la llamaron a orden. Tuvo que borrar sus trinos de Twitter y aceptar que fue “demasiado transparente”. Además del regaño público del portavoz de Sanidad de la CE, Stefan de Keersmaecker, quien - palabras más, palabras menos - le dijo que no conocía la palabra “confidencialidad” y que su honestidad afectó la capacidad de negociación de los europeos ante la big pharma (que es como conocen en el mundo a las grandes farmacéuticas).
Estas compañías multinacionales no van a regalar sus fórmulas y estudios por más pandemia mundial que haya. El Covid-19 es una maravillosa oportunidad para multiplicar sus ingresos; para septiembre del 2020, el valor de capitalización bursátil de 20 compañías big pharma fue de US$194.360 millones. Y eso que todavía no anunciaban resultados positivos de la vacuna.
Ahora, que aseguran la efectividad de la inoculación, tienen la sartén por el mango. Pueden entrar a negociar directamente con los gobiernos ante la inoperancia burocrática de las Naciones Unidas, que no fue capaz de organizarse en bloque y pararse ante las farmacéuticas. Por eso las cláusulas de confidencialidad, el secretismo y las reservas de los gobiernos al momento de anunciar cuántas vacunas hay, cuántas se compraron, cuánto costaron y qué está dispuesto a hacer cada país para caer en gracia de estas multinacionales. ¿Permitir monopolios de medicamentos? ¿Ser más laxos en los controles sanitarios? ¿Experimentación en población? ¿Explotación de recursos naturales?
Por eso la imagen que presentan Duque y del ministro Ruiz cuando hablan del tema es la de personas vacilantes y enredadas en burocracia e intereses que los sobrepasan. Son el retrato de alguien leyendo el mensaje de un extorsionista, que está dispuesto a someterse a sus condiciones y que es consciente de que lleva todas las de perder.