A raíz de la vacunación contra el Cóvid-19 he pensado mucho en las elecciones, pero no precisamente por la ineptitud de nuestros actuales gobernantes (aunque también) sino por asuntos logísticos.

Trabajé seis años en la Registraduría y sé que se necesitan más de 12 meses para preparar la inscripción de cédulas, la producción de tarjetas electorales, el transporte del material y diseñar la red de transmisión de los resultados, entre otros asuntos de la jornada electoral. El proceso es tan complejo que varias veces oí que se trata de la operación logística más grande del país: hay que articular a más de un millón de personas entre jurados, candidatos, fuerza pública, funcionarios y contratistas para que en la misma fecha y hora garanticen el derecho a votar en más de 6.600 puestos de votación. Se dice fácil, pero lograrlo implica prever miles de detalles y leer mucha letra menuda.

La Registraduría es una buena escuela para entender la complejidad geográfica de Colombia. Buenaventura es uno de los 1.103 municipios del país. Es un distrito con 12 comunas y 9 corregimientos en los cuales hay 268 veredas y 388 asentamientos humanos. Muchos de ellos sólo tienen acceso fluvial y por eso el material electoral tiene que llegar con suficiente antelación para poder distribuirlo en lanchas a todos los puestos de votación. Lo mismo pasa en Tumaco, Magüí Payán, López de Micay y otros sitios de la Costa Pacífica, para no mencionar las dificultades de acceso que hay en la Orinoquía.

He recordado esa logística ahora que se habla de la vacunación. Hoy no hay vacunas y este gobierno tiene el vergonzoso registro de cero vacunados en el país al concluir enero, mientras vecinos como Argentina, México, Chile, Panamá y Costa Rica, entre otros, ya empezaron. El presidente Duque anunció el viernes que Colombia ya aseguró las dosis para vacunar a 35 millones de colombianos a partir del 20 de febrero. Cuando dice que las vacunas están aseguradas no es claro si están palabreadas, conversadas, pisadas, contratadas o pagadas y mucho menos se sabe cuánto costaron y si el precio al que compra Colombia es mayor o menor que el que pagan otros países. Mientras las noticias nacionales hablan sobre estas dudas, las internacionales muestran gente que ya se aplicó la segunda dosis.

Por supuesto que es urgente que lleguen las vacunas. Pero comprarlas equivale a cuando terminan de imprimir las tarjetas electorales para los comicios: apenas ahí es que va a empezar el trabajo. Así como de nada sirven los tarjetones en una bodega de Bogotá, tampoco sirven de nada las vacunas si no se distribuyen por todo el país. Al fin y al cabo lo que salva vidas no es la vacuna sino la vacunación, en doble dosis.

¿Cómo se va a garantizar la cadena de frío para que las vacunas no se dañen? ¿las alcaldías y gobernaciones ya tienen claro cómo será el despliegue local? ¿va a haber puestos de vacunación en todos los municipios y corregimientos? ¿cómo será en las comunidades indígenas? ¿en las zonas rurales? ¿qué hay de los niños? ¿qué personal se encargará de distribuirlas? ¿quiénes pondrán las inyecciones? ¿ya están los más de 60 millones de jeringas? ¿cómo se hará el seguimiento para que la gente sí se aplique la segunda dosis? ¿qué hacer con los antivacunas? ¿cómo evitar que se roben las vacunas? ¿cómo garantizar que la gente no use palancas o pagos para vacunarse antes de la fase indicada?

Dice el Ministerio de Salud que el objetivo del plan de vacunación “es lograr la inmunidad de rebaño, es decir, la inmunidad de al menos el 70% de la población colombiana”. Cuando acá votan 20 millones de personas los medios titulan que hubo una participación histórica. Para lograrlo hay que llevar mesas de votación a cientos de veredas remotas y hay, además, ríos de efectivo de políticos comprando votos para que la gente salga de su casa. Sin eso la abstención sería mayor. Quisiera entonces conocer más detalles sobre cómo será esta operación logística y motivacional sin precedentes, que promete vacunar 35 millones de colombianos en tiempo récord.

En las minucias de este proceso de vacunación (los contratos, las fechas, los montos, los sitios, la vinculación de personal y el urgente blindaje contra la corrupción) se juega nuestra salud, la reactivación económica y el resultado de las elecciones del próximo año.