En «Los jinetes de la cocaína» Fabio Castillo cuenta que en 1976 ocurrió la primera captura de un político mafioso: Jairo Montoya Escobar, diputado liberal de Risaralda, fue detenido cuando negociaba 30 kilos de cocaína.
Montoya integra una larga lista de políticos liberales en negocios turbios. Ahí están desde Ernesto Samper, liberal de pensamiento que aún carga el elefante de la financiación de su campaña presidencial por el Cartel de Cali, hasta Gabriel Matiz, un piloto que en los 80 transportó droga, se alió con paramilitares de La Dorada, fue concejal de Victoria con el apoyo de Víctor Renán Barco y murió a tiros en 1989 en Miami.
Como la lista nacional puede ser un directorio telefónico, concentrémonos en nombres locales. El primer “Robo a Caldas” ocurrió en 1981, cuando el entonces procurador Carlos Jiménez Gómez denunció que la Industria Licorera de Caldas no era el banco del departamento sino una chequera política personal. Mencionó a los excongresistas liberales Víctor Renán Barco y Luis Guillermo Giraldo, al conservador Omar Yepes y a otras 40 personas que luego fueron exoneradas.
También hubo ruido en la Licorera en 2008 cuando el gerente de Discristal denunció que políticos liberales le habían exigido participar en las ganancias por la distribución de licores en Valle. Por este caso la justicia condenó al gerente Carlos Arturo Fehó Moncada, excandidato liberal a la Alcaldía de Manizales, y ordenó detención domiciliaria contra el entonces concejal y hoy representante a la Cámara Octavio Cardona, quien terminó exonerado.
Ese escándalo estalló en medio de la crisis de parapolítica, la alianza entre políticos y paras que se fraguó desde finales de los 90. A la diputada liberal Pilar Vallejo la mataron en Manizales en 1998, cuando estorbaba en un partido que ya estaba en manos de Ferney Tapasco, presidente de la Asamblea de Caldas durante 15 años. En 2005 también mataron en Manizales al representante liberal Oscar González Grisales y su curul fue ocupada por Enrique Emilio Ángel Barco, esposo de la diputada liberal Luz Alcira Vásquez. Dos meses antes de las elecciones de Congreso de 2006 se celebró el “Pacto del Tambor” en zona rural de La Merced, en donde Ferney Tapasco, su hijo Dixon Ferney, Enrique Emilio Ángel Barco y otros liberales acordaron financiación y distribución del territorio con Ernesto Báez, comandante paramilitar del Frente Cacique Pipintá. Tapasco y Ángel Barco fueron elegidos congresistas, pero no terminaron sus períodos por sentencias de parapolítica. Los reemplazaron quienes seguían en la lista de cinco candidatos: Jairo Alberto Llano y Carlos Arturo Gálvez Mejía. Cuando capturaron a Llano entró en su reemplazo Juan Pablo Sánchez, y cuando detuvieron a éste se agotó la lista y no hubo con quién sustituirlo.
A ellos se suman muchos otros nombres: Rodrigo Garavito Hernández fue el primer condenado del Proceso 8.000. Pedro Justo Capera, exalcalde de La Dorada, fue condenado por su cercanía al paramilitar Ramón Isaza. Ferney Tapasco fue condenado por encubrir la muerte de un profesor en Supía y por el crimen del periodista Orlando Sierra, un caso que como explica Fernando-Alonso Ramírez en su libro «Cogito, ergo ¡Pum!» incluye al menos otros 15 homicidios de sicarios y testigos. Al senador Víctor Renán Barco la muerte salvó del proceso por parapolítica que le inició la Corte Suprema de Justicia. El exgobernador Mario Aristizábal Muñoz y el exdiputado Carlos Hernán Serna Trejos también afrontaron graves escándalos judiciales, y el concejal de Manizales Víctor Cortés sigue tranquilo en su curul aunque está denunciado por delitos sexuales con menor de 14 años.
Mario Castaño, el reemplazo de Tapasco y Barco en el Partido Liberal caldense, se acogió esta semana a sentencia anticipada en un proceso que ya suma 35 detenidos, incluyendo a los exalcaldes de Villamaría, Aguadas y La Merced.
Hace casi 20 años el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz dijo que aunque tenía ideas liberales sus principios le impedían militar en ese partido. El caso de Las Marionetas, el nuevo “Robo a Caldas”, es apenas otra prueba de que el partido del trapo rojo es una enorme zona gris: una laxa zona de tolerancia en donde algunos miembros se mueven entre la legalidad y la ilegalidad, con alta permisividad política y social de copartidarios que manosean conceptos como la presunción de inocencia y la inclusión para hacerse los de la vista gorda ante negocios y comportamientos inaceptables.