En «El país de las emociones tristes» Mauricio García Villegas plantea que los colombianos nos inclinamos hacia la venganza, la vergüenza, la culpa y el remordimiento, y estas emociones, exacerbadas por el miedo, nos hacen propensos a la violencia y al escalamiento de las pasiones, en vez de la mesura necesaria para comprender al otro.
 No voy a resumirles esta obra valiosa (mi intención siempre será que se lean el libro y saquen sus propias conclusiones), pero quiero mencionar un dato marginal dentro del libro, que me parece revelador.
 Dice García: “Entre 1970 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de sitio (17 años), es decir el 82% del tiempo. Entre 1949 y 1991 el país estuvo más de 30 años en esa condición. Según Gustavo Gallón, a finales de 1970 el 30% de los delitos del Código Penal eran competencia de cortes marciales”. Agrega que “el abuso de la anormalidad constitucional trajo consigo la desvalorización de la democracia” y muchas páginas más adelante escribe que “en un país en donde tanta gente sufre por falta de un Estado que la proteja, ofrecer seguridad y orden, así sea un orden autoritario, es siempre bien recibido, incluso recibido con gratitud”.
 Si los estados de excepción se vuelven cotidianos se genera laxitud en las garantías democráticas, en un rango que va desde la resignación hasta el entusiasmo con que algunos reciben la mano fuerte. Pasó en los años de Turbay y sus predecesores; en las detenciones masivas del primer gobierno de Uribe, que antecedieron a los falsos positivos, y pasa ahora con la pandemia y las restricciones por “la nueva normalidad”, que se juntan con las generadas por las movilizaciones sociales: se prohíben los parrilleros de las motos, la vida nocturna, salir los días pares, viajar, callejear. Llevamos 16 meses gobernados a punta de decretos que interrumpen derechos y que generaron antecedentes tan absurdos como el de la policía destruyendo ventas ambulantes de empanadas y aguacates, al comienzo de esta pandemia.
 Estas restricciones no son exclusividad de Colombia: numerosos gobernantes han definido limitaciones más o menos estrictas, aunque acompañadas de renta básica. Desde mi voluntario encierro por el temor al contagio he visto las noticias de Europa y Estados Unidos sobre debates parlamentarios y masivos plantones y marchas que cuestionan estos recortes a la libertad individual y exigen transparencia en la información y datos abiertos para hacer veeduría. No considero que debamos vivir como si no hubiera covid-19 (y menos hoy con 550 muertos diarios) pero sí es diciente que nuestra sociedad acate con docilidad de borrego tantas y tan prolongadas mutilaciones a libertades fundamentales, en una política de salud pública que privilegia la represión sobre la educación en el autocuidado.
 En ese contexto de suspensión de derechos no me sorprendió que la víspera del 28 de abril una magistrada prohibiera marchar, ni que el presidente Duque, cumpliendo con la instrucción dada por el Centro Democrático en un comunicado, ordenara militarizar varias ciudades, con lo cual aplica de facto una conmoción interior, sin necesidad de declararla. La magistrada y el presidente dieron órdenes inconstitucionales, pero llevamos décadas entrenándonos en laxitud para tratar esos fallos democráticos como simples formalidades.
 En «Crisis de la república» Hannah Arendt explica la decadencia de la autoridad: “Se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa. Cuando se utilizan los argumentos, la autoridad permanece en situación latente”. Esta suma de crisis pandémica y estallido social desnudó una autoridad débil y sin argumentos, con un presidente con un nivel de rechazo del 76%, que gobierna a una sociedad habituada a la anormalidad constitucional y la desvalorización de la democracia.
 Me parece pertinente recordar que desde hace 40 años nuestra Constitución Política dice lo siguiente:
Art. 11: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Art. 12: Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley.
 Nuestra normalidad consiste en que estos artículos no se cumplen o admiten excepciones. Nuestro problema radica en que nos acostumbramos a vivir así.