Celebro la sentencia de la Corte Constitucional que esta semana eliminó el delito de aborto. Desde 2006 la Corte definió tres causales por las que las colombianas podemos interrumpir el embarazo; ahora avanza al decidir que esas causales no operan hasta la semana 24 porque hasta esa fecha se podrá abortar sin dar explicaciones, y confío en que en el futuro logremos la eliminación de las causales restrictivas para poder decidir plenamente sobre nuestros cuerpos por la simple razón de tener derecho a hacerlo en cuanto seres humanos libres y autónomos.
 Celebro la sentencia por el alcance del término “despenalizar”: ninguna mujer merece temer tres años de cárcel ni un humillante proceso penal por tomar una decisión difícil, que puede dejar secuelas físicas y psicológicas. Lo celebro en especial por las mujeres de aquí: entre 2005 y 2018 denunciaron 61 abortos en Caldas y el 18,41% de los procesos terminó en condena, un porcentaje que nos ubica en el indigno primer lugar del ranking nacional de mujeres condenadas por este delito.  
 Hasta el presidente Duque dijo imprecisiones sobre anticonceptivos, pero las cifras son contundentes: aunque la sexualidad es compartida, los embarazos no deseados son un problema femenino. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud indica que mientras un tercio de las mujeres nos ligamos las trompas solo el 3,6% de los hombres se practica la vasectomía, un procedimiento sencillo al que acuden anualmente 25.000 colombianos. En contraste, los abortos se calculan en 400.000 al año y apenas el 10% se realiza en instituciones de salud autorizadas. El 30% de las mujeres que aborta sufre complicaciones que van desde sangrados hasta abortos incompletos, que por falta de atención pueden llevar a la muerte.
 La clandestinidad no solo se refiere al sitio, sino a la ausencia de red de apoyo. Aunque la Corte despenalice parcialmente el aborto, queda pendiente la despenalización social. Pese a los riesgos de salud y al estado emocional, muchas mujeres abortan solas por vergüenza o miedo; a veces las acompaña una amiga y en algunos casos su pareja. El aborto es un secreto que no se comenta con la familia, ni los amigos, ni los profesores, jefes o compañeros de estudio o trabajo. Nadie quiere mostrar una incapacidad por Interrupción Voluntaria del Embarazo, ni pedirle a un maestro que aplace un examen porque estaba abortando porque pesan siglos de prejuicios que estigmatizan a la mujer que aborta: promiscua, puta, ignorante, loca, inexperta, bruta, fracasada, asesina, monstruosa, mala madre.
 Las mujeres somos seres sexuales. No solo somos objeto de deseo: nosotras también deseamos y tenemos derechos sexuales y reproductivos. Eso tan elemental es tabú en culturas que consagran la virginidad femenina (no la masculina) como símbolo de virtud. En ese contexto la que aborta es la que no se comporta virtuosamente, la pecadora que se descarriló. Esa idea preconcebida (qué oportuno este término) permite concluir con rapidez que los embarazos no deseados son un asunto de adolescentes sin educación sexual, incapaces de controlar sus hormonas, cuando la realidad es que hay abortos en todas las edades y estratos, y ocurren porque los anticonceptivos fallan, las cuentas fallan, las relaciones fracasan, hay abusos sexuales, las que ya son mamás deciden que no quieren tener más hijos y una cantidad infinita de variables que exceden en mucho el reduccionismo del dedo acusador.
 400.000 abortos anuales son tantos que es casi imposible que en su entorno cercano no haya ocurrido alguno, aunque usted no lo sepa. Por eso considero irresponsable que ante esta realidad tengamos candidatos que prefieran evitar el tema para no perder los votos conservaduristas, o que hablen de “aborto cero”, como Gustavo Petro, un propósito irrealizable que solo sirve para evadir compromisos y tranquilizar al voto cristiano que busca conquistar.
 A diferencia de los autodenominados provida (del feto, no de las mujeres), no pretendo que mi pensamiento se extienda a todas. No abortar siempre será una opción, pero es positivo que en un Estado laico no sea una obligación. Gracias a la Corte por su sentencia, y en especial al magistrado caldense José Fernando Reyes Cuartas, un maestro del que seguimos aprendiendo.