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Por más manifestaciones y paros que se hagan, los problemas agrícolas y de transporte en el país tienen unos problemas estructurales que necesitan políticas a largo plazo, no decisiones tomadas en medio de coyunturas y al calor de las protestas.
Esta es la visión de varios gremios de Caldas y del país, que reconocen las falencias en la actividad agropecuaria de Colombia, pero también llaman la atención sobre las pérdidas que deja la suspensión de las labores y los bloqueos en las vías, que en esta ocasión completan el octavo día. Este es el sexto paro desde el 13 de agosto del año pasado, cuando miles de cafeteros protestaron, incluyendo las cinco protestas cafeteras y una minera.
De acuerdo con las cifras entregadas por ANIF en julio pasado, los paros del segundo semestre del 2012 y del primer trimestre de este año, es decir, sin contar el actual, le costaron al país cerca de $900 mil millones, lo que equivale al 0,8% del PIB del primer trimestre del 2013. "Este valor perdido es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo.
El problema con las huelgas, según la directora de Fenalco Caldas, Gloria Patricia Arias Pimienta, es que no solucionan los problemas a largo plazo, pues es indispensable una política agraria firme, no decisiones cortoplacistas. "Se necesita replantear las políticas. Hay fallas del Estado, pero las vías de hecho no son las más adecuadas para buscar soluciones".
Lina María Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Manizales, dice que definitivamente faltan políticas a largo plazo para atender las actividades agropecuarias, pero esto ocurre no solo por el gobierno Santos.
"Por muchos años el agro colombiano no ha tenido una política seria y estructural a largo plazo, la cual es relevante para un país con el potencial agroindustrial que tiene Colombia. Sería querer tapar el sol con un dedo decir que no hay problemas".
Ante esta situación, considera que las consecuencias de que el Gobierno ceda ante presiones, como los bloqueos, es que los sectores empiezan a optar por esta vía, como la única forma para encontrar salidas, dejando solo soluciones coyunturales, no de fondo.
Sin embargo, también reconoce que aunque los sectores económicos no se pueden oponer a la apertura de la economía, ni a las firmas de los Tratados de Libre Comercio (TLC), tampoco se puede desconocer que el país no cuenta con la infraestructura y la productividad necesarias para competir con países que le llevan mucho tiempo de ventaja.
"Ante las firmas de los TLC, el paso el siguiente es saber cómo atender los sectores económicos afectados, cómo se saca el mayor potencial de los empresarios para que sean productivos y cómo mejorar las condiciones generales, para apoyar las transiciones. "Hay que trabajar en la solución y no en los paros".
Un planteamiento similar hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), al asegurar que Colombia aún no aprende la lección de que ceder ante los paros y ante las vías de hecho tiene doble costo: uno económico (cuantificable) y otro institucional (incuantificable). Este último, el más grave por el desprestigio que genera para los gobernantes.
Resalta que mientras el gobierno le adjudica a los choques externos gran parte de la culpa de la desaceleración económica actual, también es cierto que: "muchos factores son de cocinado local", ante todo, por la falta de un apropiado manejo gubernamental, en medio de una peligrosa desinstitucionalización, que toca sectores variados.
La propuesta de los gremios es que más que ceder a las peticiones de los sectores, para lo cual no alcanza el presupuesto nacional, lo más indicado es determinar dinámicas de trabajo a largo plazo, que garanticen la estabilidad del agro en un país agrícola, pues de los contrario la economía se derrumbará.
Para el Consejo Gremial Nacional, presidido por Rafael Mejía, quien también lidera la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la proliferación de paros y bloqueos como los actuales no puede convertirse en la base para el diseño de políticas públicas.
El Consejo Gremial Nacional reconoce que la movilización pacífica es un derecho constitucional que el Estado colombiano debe garantizar y respetar.
Aún así: "hay que tener mano dura, porque los paros se convirtieron en elementos políticos en busca de ganancias particulares y no generales”, señaló Mejía el jueves pasado.
El Consejo se pronunció ante la preocupación de las alzas en los precios de la canasta familiar, que en algunas regiones han aumentado en cerca del 100%. Además, como señaló Asoleche, se estima que en cada día de paro se pierden alrededor de 800 mil litros de leche, entre Boyacá, Cauca y Nariño. Por esto, el sector lácteo está entre los más afectados con los bloqueos en las vías.
A esto se suma que la continuidad de los problemas agrarios son el mayor obstáculo para lograr la paz en el país, por lo que es indispensable resolver los conflictos de los campesinos. “Si el problema campesino no se resuelve, no habrá paz en Colombia”. Es difícil que el Gobierno pueda sostenerse con una agricultura de subsidios y de guerra al mismo tiempo”, advirtió el analista y escritor Alfredo Molano, durante un panel la semana pasada en la Universidad Javeriana de Cali. “La economía campesina es altamente productiva. Por eso es importante pensar en un nuevo orden que incluya ese fundamento”, dijo Molano, según comunicado del Incoder.
Para Álex López, representante de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), es cierto que faltan mecanismos económicos para mantener la estabilidad del agro y del transporte, "pero como no existen y los gobiernos no cumplen los acuerdos, esta es la única forma que nos atienda".
"Esta vez sí será indefinido, porque en las otras ocasiones nos invitan a dialogar, nos dicen que van a expedir decretos, pero no nos cumplen. Nos toca pararnos en la raya, no vamos a ceder", advierte.
Añade que el paro no es por capricho, pues es evidente la quiebra del sector agrícola y del de transporte de carga, y están cansados de insistir en que se tomen decisiones trascendentales.
López estima que por cada día de paro se pierden $300 mil por camión, teniendo en cuenta que en Caldas son 1.800 camiones, incluyendo tractomulas, turbos y sencillos.
El líder de los camioneros también llama la atención sobre la necesidad de una figura gerencial en el Ministerio de Transporte, que se encargue de resolver los problemas del sector y que no dependa de cada ministro que llega, porque "la mayoría no sabe nada de transporte. Además, la tramitología es horrible, con el fin de dilatar las soluciones o sacar tajadas".
Sin embargo, los gremios del comercio y la industria insisten en que la salida no está en los paros, pues estos solo resuelven problemas del momento.
Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Manizales, el hecho claro es que se pierde lo que representa casi un año y medio de exportaciones caldenses, hecho que tampoco consideran justo.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) resumió en un documento publicado en julio pasado el costo de los cinco paros desde agosto del 20132 hasta marzo de este año.
1. Huelga del Sector Justicia (42 días): El paro más reciente duró cerca de dos meses, afectando cerca de 150 mil asuntos judiciales durante dicho lapso. El gobierno otorgó reajustes salariales por $1,22 billones durante 2013-2017, sin exigir contrapartidas de ganancias en productividad (pues la Reforma Constitucional la tuvo que hundir el propio gobierno). Se ha calculado que los costos directos de 42 días de paro judicial ascendieron a unos $65 mil millones.
2. Paro del sector carbonífero (32 días): se estima que las huelgas del Cerrejón y de Prodeco, unidas a la paralización de los embarques de la Drummond afectaron cerca del 70% de la producción del sector carbón de Colombia. Ello implicó un desplome del 21% de la producción durante el primer trimestre del 2013, pasando de 23,3 millones de toneladas a sólo 18,4 millones. ANIF estima que la pérdida económica ascendió a unos $660 mil millones.
3. Paro del sector cafetero (12 días): los cafeteros decidieron recurrir a las vías de hecho para reclamar mayores subsidios, los cuales fueron otorgados en dos tandas: "cuando gritaron duro (hasta $60 mil por carga) y después más-duro (hasta $145 mil por carga). ANIF estima que dicho paro cafetero afectó la recolección de unas 160 mil cargas de 125 kilos, durante febrero- marzo del 2013, representando unos $85 mil millones.
4. Huelgas en la Universidad Nacional (27 días): El último cese de actividades significó un costo de unos $36 mil millones, "sin contar allí el detrimento en la calidad académica".
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