EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Las protestas callejeras en Bogotá y Soacha contra la brutalidad policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez durante su arresto costaron la vida a 10 personas en una noche de vandalismo y furia que tiene como principales sospechosos a los propios uniformados.
Las manifestaciones que comenzaron el miércoles de manera pacífica frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en el oeste de Bogotá, en el que trabajaban los dos uniformados involucrados en la muerte de Ordóñez, terminaron en violentos enfrentamientos y la hoy cuestionada represión de los manifestantes.
"Un comportamiento policial abusivo y violatorio de los derechos humanos, con despliegue de fuerza contra los ciudadanos rompe con la función de la fuerza pública. Los hechos conocidos no tienen conexidad con el servicio y la competencia para juzgarlos es de la justicia ordinaria", reprochó ayer el procurador general, Fernando Carrillo.
Trágico balance
Tras la caótica noche del miércoles, en la que hubo incendios de instalaciones policiales y buses en Bogotá, las autoridades de la capital informaron de siete personas muertas y al menos 379 heridos -entre ellos 147 policías-, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.
Además de las siete víctimas mortales en Bogotá, hubo otras tres en Soacha, al sur de la capital colombiana.
Familiares de los fallecidos, entre ellos una universitaria, un mensajero, un guardia de seguridad e incluso desempleados, han aclarado que ellos ni siquiera participaban en las protestas y que fueron alcanzados por disparos cuando pasaban por lugares donde había disturbios.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó con dureza la respuesta policial a los desórdenes y equiparó el número de heridos por disparos a los resultados de un combate.
López cuestionó el uso indiscriminado de armas de fuego por miembros de la Policía a quienes pidió "reconocer con humildad" que hubo "un ataque directo a varios ciudadanos".
La capital no vivía una jornada de protesta tan intensa desde noviembre del año pasado durante las movilizaciones protagonizadas principalmente por jóvenes que salieron a las calles para apoyar las manifestaciones convocadas por las centrales obreras contra la política económica y social del presidente, Iván Duque.
Disparos de la Policía
En enero de este año, cuando López tomó posesión, pidió que la Policía y especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la institución solo fueran utilizados como organismos de choque de última instancia en las manifestaciones, pues a su criterio los uniformados no eran reguladores de las movilizaciones ciudadanas.
Lejos de eso, la Policía, criticada por sus excesos, se ha visto involucrada en denuncias por violación de los derechos humanos durante protestas sociales.
La alcaldesa hizo ayer duros reclamos a la institución a la que señaló de haber desobedecido las instrucciones dadas tras la muerte de Dilan Cruz, un bachiller que falleció en noviembre pasado tras recibir un disparo de un miembro del Esmad durante una manifestación en la capital.
"Puedo decir con absoluta certeza que ni desde el Puesto de Mando Unificado Nacional ni desde el Puesto de Mando Unificado Distrital se impartió ninguna orden ni autorización de uso de la fuerza y mucho menos de armas de fuego contra los manifestantes", aseguró López.
Ataques indiscriminados
Según la mandataria, la noche del miércoles "se usaron armas letales de manera indiscriminada contra ciudadanos inermes y jóvenes", pues la Alcaldía tiene evidencia de "que hubo disparos indiscriminados por parte de miembros de la Policía".
Esa afirmación coincide con lo expresado por los familiares de los muertos y con los testimonios de algunos heridos que cuentan que fueron atacados por la Policía sin justificación alguna, simplemente por estar en la calle.
Uno de los 10 casos que más ha impactado a la opinión pública es el de Julieth Ramírez Mesa, una estudiante de psicología próxima a cumplir 19 años, quien según su familia falleció al ser alcanzada por una bala perdida cuando salió a encontrarse con una amiga.
"No sé si hace parte de la Policía o de los malandros, qué se yo, me mataron a mi hija", dijo a periodistas Harold Ramírez, padre de la joven, quien recibió un disparo al quedar en medio de los desórdenes en La Gaitana, barrio del noroeste de Bogotá.
Justicia
Al rechazo a la violencia desatada por el procedimiento policial en el que murió el abogado Ordóñez se unió el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo que la investigación del caso la asumió un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Por coincidencia, ayer la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar el expediente de la muerte del joven Dilan Cruz "para dirimir conflicto entre justicias penal militar y ordinaria".
Desmontaron cartel ubicado en Torre de El Cable
Manizales. "Los nadie nos están matando", decía el cartel con el que amaneció ayer la Torre de El Cable. La tela cubría una de las cuatro caras de la estructura.
El hecho se da después de las protestas realizadas en algunas ciudades del país tras la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de dos policías en un uso exagerado de la autoridad y de una pistola eléctrica.
En el transcurso de la mañana el cartel fue desmontado. Según Diana Mejía, secretaria de Gobierno de Manizales, la Administración es respetuosa de las protestas, pero los bienes de interés cultural se deben proteger y está prohibido usarlo para ello, tal como lo ordena el POT. En ese mismo sitio se realizó en la noche un plantón contra la Policía.
Condena internacional
Lo ocurrido en Bogotá la víspera no escapó de los pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó "enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial".
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