Vinculados a paramilitares y políticos tradicionales se quedan con curules de paz

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Las curules de paz, 16 escaños de la Cámara de Representantes reservados por primera vez para víctimas del conflicto armado, quedaron en manos de personas con vínculos muy claros con políticos tradicionales, con dudosa financiación e incluso al hijo de un jefe paramilitar.

De estos 16 espacios para víctimas, seis tienen cuestionamientos de alguna forma y se han enfrentado en situación de superioridad a víctimas del conflicto que han hecho campaña con sus propios medios y llegando a zonas donde han puesto en peligro su vida.

"Ha sido un proceso de revictimización porque no ha habido mínimos de garantías electorales para los candidatos", asegura la analista de la Fundación Paz y Reconciliación Daniela Garzón, quien subrayó que no se ha garantizado que "todos arranquen en el mismo punto".

Muchos de estos candidatos han sido elegidos con apenas 10.000 votos, lo que hacía muy sencilla la trampa, y además, la ley que habilitaba estas curules se aprobó a finales del año pasado y "no se tomó el tiempo" para "garantizar los derechos de las víctimas", según Garzón.

No había un margen claro de quién podía ser candidato a esas curules de paz en las elecciones legislativas del domingo, recuerda la analista, por lo que se dio pie a que gente muy dudosa entrase en la competencia.

El hijo de "Jorge 40"

En este sentido, ha sido conocida la candidatura del finalmente elegido Jorge Rodrigo Tovar, hijo de un sanguinario jefe paramilitar, "Jorge 40", quien mantuvo su aspiración a ocupar este asiento a pesar de ser descendiente de un victimario ya que las instituciones lo reconocen como víctima de la guerrilla.

Mientras sus rivales restringieron sus movimientos por seguridad ante la presencia de actores armados en la zona norte del país, Tovar recorrió las áreas rurales sin problemas ni restricciones.

Melba Mieles, una candidata que se enfrentó a él en las urnas y que es víctima de su padre, quien asesinó a sus dos progenitores, se siente decepcionada de que haya ganado "la mafia" y el "narcoterrorismo".

"No hay claridad de quién va a defender ahora los derechos de las víctimas", lamentó y denunció que Tovar ganó a base de compra de votos y de amenazas, en zonas donde ellos no pudieron entrar por el paramilitarismo.

Tras la elección y la exposición a la que se han sometido, siente "miedo y temor de toda índole". "A partir de hoy, estamos completamente vulnerables", dijo.

Apoyo de caciques tradicionales

Haiver Rincón, el ganador de la "curul de paz" por el Tolima, apareció en actos de campaña del Partido Conservador y denuncian que sería ficha del cacique conservador César Barreto, exgobernador del departamento.

Los candidatos muy cercanos a políticos tradicionales se han repetido, como Leonor María Palencia, sobrina del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, acusada de recibir su apoyo y de comprar votos.

Un candidato a la curul del Chocó denunció, el día antes de la elección, que el nombre que saldría elegido sería el de James Hermenegildo Mosquera, quien se acreditó como víctima el 2 de noviembre, en un tiempo récord, y tras haber denunciado amenazas tan solo unos días antes.

Detrás de él, según este candidato que pidió el anonimato, estaría el Clan Sánchez, de las familias políticas poderosas del Chocó, y el Partido de la U, que han sustentado su campaña.

Financiación dudosa y cargos públicos

La campaña liderada por la ganadora de la circunscripción 16, Karen López, en el Urabá, por ejemplo, estuvo marcada por eventos y regalos allá donde llegaba en esta zona del noroeste del país donde tienen gran influencia los paramilitares del Clan del Golfo.

Las fiestas y concursos, a pesar del límite que fija para gastos electorales la ley, tampoco faltaron, aunque López nunca informó de dónde venía la financiación de su campaña.

Hay dos personas elegidas a las que han señalado de ostentar cargos públicos antes de presentarse como víctimas a las "curules de paz", pero sobre los que no pesan denuncias y eso no les impediría ocupar sus escaños.

Son Diógenes Quintero, líder social de Norte de Santander, que ha ocupado cargos en la Defensoría del Pueblo de esa zona, y la exsecretaria de Bienestar del municipio de Tame (Arauca), Karen Astrith Manrique.