Víctimas plantan cara al Estado colombiano por las violaciones de DD.HH.

Klarem Valoyes Gutiérrez

EFE | LA PATRIA | Bogotá

Organizaciones civiles, indígenas y víctimas del conflicto armado recordaron este jueves, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las deudas y responsabilidad del Estado colombiano en la alarmante situación de violencia que viven líderes sociales y comunidades nativas.

Colombia termina el 2020, año que expuso la vulnerabilidad de los territorios a los grupos armados, con una larga lista de defensores de derechos humanos, líderes indígenas y exguerrilleros de las Farc asesinados.

El derramamiento de sangre, las denuncias de abuso policial y las dificultades para acceder a la justicia en las regiones más apartadas pusieron al país bajo la observación de organismos internacionales y provocaron el descontento social en las calles.

"Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos hemos reunido como cada año para conmemorar, traer a colación y recordarle al Estado colombiano que es uno de los responsables de estos hechos", dijo a Efe Luz Marina Bernal, cuyo hijo fue víctima de ejecución extrajudicial en 2008, crímenes conocidos en Colombia como "falsos positivos".

Bernal asistió este jueves a un acto conmemorativo organizado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el que familiares de desaparecidos durante el conflicto intercambiaron relicarios con las fotos de sus seres queridos.

En el Jardín Botánico de Bogotá, donde se celebró el encuentro, la mujer cuestionó el discurso negacionista del conflicto armado impulsado por algunos sectores, un mensaje que, según dijo, obstaculiza la reparación de las víctimas y hace mella en los esfuerzos para garantizar la no repetición de hechos victimizantes.

Diagnóstico de la ONU

Las advertencias de las víctimas, que este jueves desde diferentes plataformas alertaron sobre las agresiones que sufren constantemente, coincidieron con el diagnóstico de Naciones Unidas sobre el país.

En la conmemoración, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia señaló que las instituciones deben cumplir los compromisos adquiridos en diferentes acuerdos porque esto permitirá profundizar la democracia, ampliar el espacio cívico y alcanzar una garantía efectiva de todos los derechos humanos.

"Un ejemplo de cómo reconstruir para mejorar nos lo pueden dar las experiencias de diálogo social en varias regiones en Colombia y el cumplimiento de los acuerdos firmados en zonas del país con comunidades vulnerables", dijo hoy la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero.

Según subrayó, este año su Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 113 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales se han verificado 53 y 60 más siguen en estudio, un trabajo que se ha visto limitado por las restricciones impuestas para mitigar la propagación del coronavirus.

"Sabemos el alto riesgo que es defender derechos humanos en el país, por eso -además de condenar estos crímenes que rompen el tejido social y debilitan la democracia-, nos comprometemos a trabajar al lado de las autoridades para incidir en la prevención de los homicidios y la protección de la vida de los y las defensoras y de sus comunidades", destacó De Rivero.

Indígenas denuncian violencia sistemática

A los reclamos elevados al Estado se sumaron organizaciones indígenas que denunciaron una "violación sistemática de derechos humanos" contra sus comunidades y pidieron al Gobierno nacional "acciones concretas" para proteger sus vidas, sus territorios, tradiciones y procesos de liderazgo.

"Estamos muy preocupados porque en el marco de la emergencia humanitaria por (la) covid-19 continúen de manera sistemática las vulneraciones a los derechos humanos de nuestros hermanos", dijo a Efe el secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Pablo Jamioy Juajibioys.

Las comunidades étnicas se movilizaron este año para protestar contra los asesinatos, desplazamientos forzados, la violencia sexual y las amenazas y atentados a sus líderes, así como para rechazar la arremetida de grupos ilegales en sus territorios.

Gran parte de las regiones en las que habitan son dominadas por grupos armados y economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, lo que deja a la población civil expuesta a los enfrentamientos entre actores criminales como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Reclamos contra la impunidad

En la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá se reunió otro grupo de víctimas para exigir justicia y verdad, entre ellas Jenny Alejandra Medina, madre de Dilan Cruz, el estudiante que murió en noviembre de 2019 por el disparo de un policía antidisturbios en una protesta contra el Gobierno.

"El mensaje es que nos escuchen, que nos apoyen desde adentro a los jóvenes, a todas las personas que nos vulneran los derechos como el de la vida, la educación, la salud, la protesta pacífica", dijo a Efe Medina al denunciar "un año de impunidad" por el asesinato de su hijo.

En esa plaza, en la que con flores y carteles fueron recordadas centenares de víctimas, Carlos Alberto Castaño instaló una extensa galería con imágenes que ha recopilado durante toda su vida para exponer, según dijo, más de 500 años de violaciones de derechos humanos en Colombia.

"No conocemos lo que ha pasado en este país y nuestras nuevas generaciones vuelven y caen en lo mismo. A mí me ha tocado vivir toda esta realidad, nadie me la ha contado, yo soy campesino y allá en el campo es donde se vive esta realidad", aseguró Castaño a Efe.

Además de ese encuentro, en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), familiares de víctimas de desaparición forzada se reunieron en un acto de memoria para rechazar la impunidad en la que han quedado los crímenes contra sus seres queridos.

"Hoy estamos conmemorando a las víctimas del conflicto armado ya que todo está impune y las autoridades no han sido competentes. He puesto varias denuncias y nadie ha dicho nada", dijo a Efe María Murillo, desplazada por la violencia al recordar a sus cuatro familiares desaparecidos.