Víctimas de chuzadas cuestionan a conjuez por haber representado a Franciscos Santos

Una fuerte crítica a la presencia del conjuez Juan Carlos Prias en el grupo de juristas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso por `chuzadas` en contra de la exidrectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, quienes se hicieron las víctimas reconocidas en el proceso.

El jurista y víctima en este escándalo, Ramiro Bejarano, dijo en el marco de la audiencia preparatoria de juicio que el hecho de que Prias fuera abogado del exvicepresidente de la República Francisco Santos, lo descalifica para hacer parte del organismo que juzgará este caso.

"Consideramos que ameritaba un pronunciamiento preciso del doctor Prias y creo que lo hubiera hecho si no hubiera sido interrumpido (en una audiencia anterior)  al abogado (que planteó esta inhabilidad).

Este es un proceso trascendental porque aquí hay en juego muchos valores, se va a juzgar los síntomas que se estaba debilitando el estado de derecho", dijo.

Igualmente, Bejarano cuestionó la presencia de la conjuez Paula Cadavid por haber sido socia de una firma de abogados que en el pasado representó los intereses de Francisco Santos.

Bejarano, al igual que los defensores de las otras personas reconocidas como víctimas en el proceso, cuestionó el hecho que la Corte haya decidido que se escojan dos voceros de las víctimas para lo largo del juicio.

El abogado Carlos Rodríguez Mejía, representante legal de los magistrados Augusto Ibáñez y María del Rosario González de Lemus, señaló que igualar los abogados de las víctimas al número de procesados para toda la etapa procesal contraría disposiciones de la Corte Constitucional.

"Estamos en desacuerdo con la decisión de la sala de restringir los derechos de las víctimas, pues -dijo- es contraria a la jurisprudencia de la Corte. Se afectó el derecho fundamental a la verdad que sólo puede ser garantizada por la participación efectiva de las víctimas", dijo

Tanto Rodríguez como Tito Augusto Gaitán, defensor de Gustavo Petro; Víctor Javier Gil, abogado del magistrado auxiliar Iván Velásquez y el magistrado César Julio Copete, se mostraron en contra de aceptar designar un vocero.

Sus argumentos se resumen en considerar que esta disposición no debe ser para todas las etapas procesales, y que se trata de una "posición desproporcionada que limita el derecho de las víctimas".