EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El expresidente Álvaro Uribe, de los hombres más investigados del país, sumó un proceso más en la Corte de Suprema de Justicia, esta vez por el espionaje militar a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros y defensores de derechos humanos.
La acción de la más alta instancia de la jurisdicción ordinaria en Colombia se originó por un correo electrónico anónimo recibido por la Sala Especial de Instrucción en el que se asegura que Uribe, que fue presidente del país entre 2002 y 2010, supuestamente fue el destinatario de información recabada en el espionaje informático de los militares.
Por esa razón, la Corte Suprema anunció el martes la apertura de una indagación preliminar contra el expresidente y senador, que tiene con este 29 procesos por distintos motivos en ese tribunal y ha sido objeto de cerca de 200 en otras instancias, incluida la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por delitos que van desde injuria hasta su presunta vinculación con matanzas, pero ninguna condena.
Un víctima del espionaje ilegal, el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, considera que en esta oportunidad las cosas pueden cambiar porque dice suponer "que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia está precedida de indicios que ameritan la apertura de esta indagación preliminar".
Para apoyar su punto de vista, Sanguino argumenta que la Corte "recaudó información alrededor del espionaje ilegal que se venía adelantando desde la central de inteligencia del Ejército colombiano".
Añade que la Corte no está haciendo otra cosa diferente al "ejercicio de la justicia".
Acción rutinaria
La defensa de Uribe, a cargo del abogado Jaime Granados Peña, aseguró al referirse a la indagación preliminar que la Sala Especial y la Fiscalía deben "verificar toda denuncia que llega a su conocimiento (porque) el objetivo de la investigación previa es, precisamente, corroborar, entre otras cosas si al menos ha existido algún delito".
Por eso, añadió, "se trata de una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte".
Por estos actos ilegales rechazados dentro y fuera del país la Procuraduría llamó a juicio disciplinario en mayo a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.
También, argumentando el "en uso de su facultad discrecional", el Ministerio de Defensa retiró del servicio a cinco tenientes coroneles, un mayor y tres capitanes.
A eso se sumó que la Fiscalía citó al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019, periodo durante el que ocurrió el espionaje, y quien pasó a retiro en diciembre pasado alegando "motivos familiares" cuando ya se conocían los abusos de la inteligencia militar.
De los procesos contra el senador Uribe, fundador y líder del partido Centro Democrático, el mismo del presidente Duque, el único que ha logrado avanzar es uno de los 29 que le sigue la Corte Suprema que lo vinculó, en octubre pasado, a un caso de presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Curiosamente, Uribe es procesado por un caso que él mismo inició cuando demandó en 2012 al senador de izquierda Iván Cepeda a quien acusó de buscar a exparamilitares en las cárceles para supuestamente usarlos como falsos testigos y que declararan en su contra.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no encontró méritos, archivó la denuncia y decidió darle un giro de 180 grados al caso al iniciar uno nuevo contra Uribe porque consideró que había pruebas suficientes para abrir una investigación al expresidente.
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