EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Unión Europea (UE) anunció ayer que destinará 2 millones de euros (unos 7 mil 200 millones de pesos) al fortalecimiento de la unidad especial de la Fiscalía que investiga los constantes asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros que ponen en peligro la paz de Colombia.
El programa, denominado Fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, busca fortalecer las capacidades de la entidad y tiene el objeto de adaptarse con la cooperación a las prioridades y necesidades de combatir la impunidad en estos casos, explicó en una rueda de prensa la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart.
"Es un programa que viene a sumar al compromiso firme y decidido de la UE con el proceso de paz en Colombia, un compromiso que viene respaldado con acciones políticas y diplomáticas", subrayó Llombart.
Ese apoyo es también financiero y se refleja en "recursos a la reincorporación a los programas de desarrollo rural con enfoque territorial y en este caso a la Fiscalía", recordó la diplomática.
El enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz de Colombia, Eamon Gilmore, afirmó que se reunió ayer con el presidente, Iván Duque, a quien le transmitió el "apoyo irrestricto" de la UE a la implementación de la paz.
"Hablamos de varios aspectos del acuerdo, pero especialmente el que considero que es el mayor desafío que el acuerdo afronta, la continuación de los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos", añadió Gilmore.
En este sentido, recordó que la mayor parte de los asesinatos de líderes sociales se producen en "comunidades remotas y que en ocasiones están en unas condiciones difíciles relacionadas con falta de servicios públicos, acceso y otros servicios".
Al ser preguntado acerca de por qué la comunidad internacional ve de forma más positiva los avances del proceso de paz que los propios colombianos no perciben, Gilmore comentó que eso sucedió en su natal Irlanda durante el proceso de paz que vivieron en los años 90.
Allí, según explicó, vivieron "el mismo fenómeno" que hoy se siente en Colombia y donde en ocasiones no veían "la imagen completa", que sin embargo si les aportaba la UE o Estados Unidos.
El fiscal general interino, Fabio Espitia, detalló que el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Farc estableció la creación y puesta en marcha de la unidad especial de investigación que busca el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos.
A la creación de esta unidad se suman "una serie de medidas de carácter político y técnicas dirigidas a garantizar y proteger a los defensores de derechos humanos, así como de movimientos comunitarios" y de líderes sociales.
El destino de la inversión
Espitia ahondó que los dos millones de euros serán ejecutados durante un periodo de 18 meses con "el objetivo general" de incrementar el desempeño de la unidad especial de investigación.
Esos recursos serán invertidos en el "mejoramiento de recursos logísticos, técnicos y tecnológicos", así como en "facilitar el acceso de los funcionarios de la unidad a las zonas más complejas de la geografía colombiana para procesar las escenas del crimen".
También espera "optimizar la arquitectura tecnológica" para gestionar mejor la información, así como "recibir asistencia de expertos internacionales para caracterizar organizaciones criminales y los territorios donde hacen presencia".
El fiscal interino detalló que en los casos de homicidios de líderes sociales tienen "problemas muy complicados con el manejo de la escena del delito", pues en la mayoría de los casos son en zonas rurales donde "lo más complicado es que no podamos tener inmediatez para llegar a la escena e incluso para llegar al principal objeto de investigación que es el cadáver".
Los ronda la muerte
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 462 líderes sociales fueron asesinados del 1 de enero del 2016 al 28 de febrero pasado, casi la mitad de ellos mujeres, y 983 están amenazados de muerte en el país.
Otro informe, de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, señala que son 700 líderes sociales y 135 exguerrilleros de las Farc asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz.
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