Una conversación con múltiples actores y peticiones

LA PATRIA | Manizales

El presidente Iván Duque comenzó esta semana la Conversación Nacional que propuso como fórmula para buscarle soluciones al Paro Nacional que, desde el pasado 21 de noviembre, tiene convulsionada a Colombia.

Durante toda la semana el mandatario se sentó a dialogar acerca de la crisis con representantes de todos los sectores involucrados, para analizar posibles salidas realistas y asumir compromisos que el Gobierno Nacional pueda cumplir.

De manera paralela, y tratando de responder a algunas de las peticiones de los manifestantes, Duque presentó en la llamada Ley de Crecimiento Económico una serie de propuestas que fueron bien recibidas por algunos, pero rechazadas por otros, entre ellas la devolución del IVA a los más pobres, un descenso gradual de la cotización a salud que hacen los pensionados y el fomento al empleo formal para los jóvenes entre los 18 y 28 años. La idea de tener tres días sin IVA generó agudas controversias.

De todos modos, se mantienen sobre la mesa exigencias alrededor de una reforma pensional que acabe con los privilegios para unos pocos que ganan salarios altos y de una reforma laboral que formalice el empleo y eleve las condiciones de calidad de vida de los colombianos.

Otros asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción, la implementación del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de los compromisos oficiales con el sector educativo también deberán hacer parte de la agenda, para poder aplacar los ánimos y corregir el camino del país.

LA PATRIA consultó con expertos en las distintas temáticas, quienes dieron sus puntos de vista acerca de lo que debe hacerse para superar la crisis.

EN POLÍTICA

Elizabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia y consultora, indica que políticamente al presidente le ha faltado liderazgo, cuando es momento de plantear cambios. Se refiere a que los movimientos en los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores representan lo mismo, un perfil político cercano al uribismo. “El país y los partidos están esperando otra forma de gobernar, más pluralista y que escuche diferentes voces políticas. De otro lado, hay un gabinete bastante desconectado de la realidad. Pueden ser buenos técnicamente, pero muchos desconocen el manejo político y las relaciones con el Congreso”.

Para Ungar, la popularidad de Duque ha ido bajando desde que se posesionó. Le critica que no tenga un proyecto político propio, por el que esté decidido a jugársela. “Santos tenía uno, Uribe tenía uno. Que la gente esté de acuerdo o no, pero se sabía para dónde iban. Este es un Gobierno sin norte”.

Afirma que el Gobierno no ha sabido leer los resultados electorales del 27 de octubre, o no ha querido entender: una derrota muy fuerte del Centro Democrático, un auge nunca antes visto de candidatos independientes, una participación alta de jóvenes. “No puede quedarse en saberlo y creer que no pasó más”.

El politólogo Yann Basset, docente en Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, expresa que hay torpeza del Gobierno. “Era un paro anunciado hace tiempo y no tenía razones para ser más que uno rutinario. El Gobierno trató de jugar a una política del miedo, insistió tanto en que iba a ser infiltrado y violento que en vez de mostrar autoridad, terminó asustado frente a los descontentos acumulados de muchos sectores y reaccionó con exceso de autoridad, enardeciendo más a la gente”.

A ambos expertos les preocupan las divisiones del partido de Gobierno donde un sector empieza a criticarlo fuertemente, una izquierda extrema que lo rechaza y la coalición de partidos de Gobierno que se resquebraja. “Cada vez está más aislado y atrincherado”, agrega Basset.

EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Para José Roberto Acosta, economista, abogado y asesor bursátil y empresarial, las protestas son la sumatoria de los billones de pesos que se han perdido por cuenta de la corrupción. Antes no se cuantificaba ni se ponía nombre propio a las empresas que sufrían ni a los responsables. “Ahora se dan cuenta por redes sociales, los medios han sido cómplices silenciosos y eso enardece el sentimiento de protesta”.

Expresó que la Consulta Anticorrupción superó la votación del partido del gobierno Duque y se esperaba una reacción política del Congreso y presidente. “Al verse engañada, la gente ve a un Duque que no representa la transparencia y la legalidad”.

Acosta agregó que el Gobierno debe cumplir con el proceso de paz, “que cumpla la premisa de legalidad que pregona porque sin paz, la cortina de humo de la guerra seguirá ocultando los problemas de corrupción”.

María Margarita Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de Los Andes, hoy los temas asociados a la corrupción están más presentes en la opinión pública y está atado al conflicto armado. Recordó que según Gallup, el problema más serio es la corrupción y empezó a subir cuando cayeron los temas asociados a seguridad.

“Es significativo que el gobierno avance con que publiquemos declaraciones de renta quienes estamos en la función pública, que se informen conflictos de intereses. Eso ayuda a generar confianza y a hacer tareas concretas, hay que buscar puntos en los que tengamos acercamientos y cómo podemos movernos hacia un mejor país”.

De igual manera, Jaqueline Estévez Lizarazo, doctora en Sociología Política y docente universitaria, expresa que al ciudadano de a pie no le cabe que los grandes delincuentes estén apostados en el Gobierno promoviendo la corrupción, el despilfarro del recurso público y comprando la justicia, “una justicia ineficiente que no les comprueba los casos o escándalos, cometen abusos y no son capaces de responder a grandeza del país”.

Piensa que las protestas hay que verlas como un despertar de conciencia latinoamericano. “Está mostrando un continente desigual, la corrupción exacerbó los limites, hay un pueblo sin condiciones básicas de salud y educación. Todo esto llega en una coyuntura con un gobierno que piensa en favorecer a los ricos”.

EN PENSIONES

Juliana Morat, profesora de la Universidad Javeriana en el departamento de Derecho Laboral, enfatiza que se necesita una reforma pensional desde hace tiempo. Añade que hay que pensar en un sistema más justo, un sistema multipilar como el que tiene Uruguay. "Si la persona devenga más, que acceda a la prima media hasta un tope, pero si quiere una pensión más alta tendría que ahorrar en el régimen de ahorro individual, así se acaba esa financiación de las pensiones más costosas".

También recuerda que la pensión permite seguir manteniendo un nivel de vida digno, pero no reemplazará el salario, por eso desde ahora recomienda acompañar este proceso con una educación del ahorro.

Asegura que esta propuesta no puede tratarse solo de una reforma en términos de derechos, sino de una estrategia en la cotización, que tiene que estar vinculada con la formalización, con contratos de trabajo o de prestación de servicios. "Es darle a la gente la posibilidad de cotizar y vincularse a la seguridad social, porque la cobertura, por lo menos en pensiones, solo se logra cuando se comprendan las diferencias geográficas, de edad y se le dé a la gente la posibilidad de tener la seguridad social y realizar aportes".

El abogado Julio Restrepo Morales le apuesta al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, que según él, debe mantenerse como garante de la pensión de los trabajadores colombianos.

Sostiene que esta permite al trabajador, al cumplir la edad y el número de semanas, obtener una pensión de vejez por aportes, una pensión por invalidez o la sustitución de la prestación.

Expone que el régimen de prima media es solidario administrado por el Estado, donde todos aportan a una bolsa común, no una cuenta de ahorro individual como en los fondos privados de pensión. El objetivo es que solidariamente el Estado, los trabajadores y los empresarios concurran al pago de la prestación económica, fundamental y definitiva para los empleados y trabajadores.

Restrepo Morales coincide con Morat en que los fondos privados deberían ser una opción del trabajador que quiera hacer ahorros o aportes adicionales. "Es evidente que estos fondos ya ingresaron al mercado y no se van a ir". Sin embargo, señala que no deberían existir. "Son negocios de banqueros que no garantizan el pago de la prestación social".

EN TRIBUTOS

De lo que se habla en las manifestaciones tiene como antecedente la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso a finales del 2018. Análida Nauffal, abogada tributarista y exdirectora de la DIAN seccional Caldas, indica que luego de la decisión de la Corte de declararla inexequible se observó qué aspectos servían y cuáles no. "Por ejemplo, el denominado Régimen Simple se diseñó para hacer más elemental la declaración y pago del impuesto sobre la renta e industria y comercio. El impuesto al consumo en las transacciones con bienes inmuebles resultó nefasto para el sector, pues se desincentivó el recaudo".

Los principales objetivos de la Ley, según Jaime Alberto Valencia Ramos, economista y magíster en Administración, eran: ser fuente de financiamiento para el Plan Nacional de Desarrollo, mejorar la situación tributaria del tejido empresarial y aumentar la inversión social.

"Si uno compara las cifras se puede decir que se cumplieron. Hubo en el último trimestre del año un crecimiento del 3,3%; la tasa de inversión del país tuvo un incremento del 15% en el último año, y la dinámica del consumo creció". El lunar es que ese crecimiento favorable no se vio reflejado en el empleo, ya que aumentó.

La actual propuesta, que se conoce como Ley de Crecimiento Económico, propone un incentivo tributario adicional para empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y 28 años, la reducción gradual a los aportes en salud de los pensionados del 12% al 4%, el no cobro del IVA en ciertas fechas y la devolución del IVA a los más pobres, unos $30 mil mensuales.

Nauffal sostiene que son demagógicos porque convierten a los ciudadanos en mendicantes y al Estado en paternalista, "cuando la sociedad lo que espera es inversiones en salud, educación, servicios públicos y bienestar, entre otros".

Valencia Ramos asegura que el debate en el Congreso puede generar un populismo de políticos, gremios, sindicatos y líderes del paro. "Si no se aprueba la reforma no habrá capacidad para financiar las demandas sociales".

Sin embargo, Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la U. Externado, afirma que un buen gesto del Gobierno hacia la ciudadanía sería posponer los debates hasta que haya avance en el diálogo. "No tiene sentido llamar a la conversación si el Gobierno tramitan por otras vías alguno de los temas sensibles y centrales".

Nauffal agrega que lo apropiado para el país es un sistema tributario elemental y práctico para el pago de impuestos.

Otro punto es la conformación del holding financiero con 16 entidades del Estado que, según los promotores del paro, es la puerta para la privatización. El analista económico Martín Jaramillo afirma que esta figura es una estrategia del Gobierno para conseguir más plata. "Es una herramienta que actúa como sombrilla de casi todas las entidades financieras del Estado, con los objetivos de mejorar eficiencias operativas, eliminar duplicidades, aumentar su poder de negociación, aprovechar economías de escala y obtener un mejor gobierno corporativo".

EN LO LABORAL

Carlos Arturo Barco, abogado y docente de la Universidad Javeriana de Bogotá, indicó que lo primero que se debe aclarar es que no se encuentra en trámite en el Congreso una gran reforma laboral. "Lo que ha captado el interés de la ciudadanía es que gremios económicos que respaldan al Gobierno, lanzaron públicamente varias propuestas de reforma que impactan a los trabajadores".

La idea de un salario diferencial para jóvenes que sea el 75% de un salario mínimo mlv (hoy en $828.116), para asegurar su empleabilidad en el sector formal y disminuir el alto desempleo en menores de 28 años, no fue bien recibida.

También es polémica la idea de un salario mínimo por regiones, en atención a la productividad diferencial en la geografía del país y la concentración de mano de obra calificada y no calificada.

“A los convocantes también les inquieta la postura de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que manifestó la necesidad de tener un régimen laboral más flexible, por ejemplo, (como lo señalan los gremios) que permita la contratación y cotización al Sistema de Seguridad Social por horas, como mecanismo para reducir la informalidad. Esto, dicen los críticos, conduciría a la pauperización de las condiciones de trabajo y haría más difícil acceder a pensiones en el futuro".

Para Eduardo Henao, abogado laboral, la reforma es necesaria, porque se cuenta con un código de mediados del siglo pasado, que debe actualizarse para hacer frente a los retos de las nuevas formas de contratación que han surgido de la mano de la tecnología, "pero debe cuidarse de que no se deje abierta la posibilidad al abuso de las figuras de flexibilización, en desmedro de la estabilidad en el empleo y las demás garantías de los trabajadores".

EN LA PAZ

Carolina Cepeda, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explicó que la participación política es vital para la reconciliación del país. "Este paro podría ser una oportunidad de oro para que eso sea posible, pues demuestra que no se da solo cuando hay elecciones, sino también en las calles, en el debate público. El Gobierno debe reconocer la diversidad, escuchar a los antagonistas y ver que en las calles hay pluralidad, desde comunistas hasta apolíticos".

Acerca de la existencia del Esmad, Cepeda expresa: "Las denuncias contra el Esmad por gente asesinada en confrontaciones con esa fuerza muestran que, en promedio, hay un muerto por año desde su creación. Esa no es su función. Los protocolos no se cumplen. Lo del sábado 23 en Bogotá fue una violación al derecho a la protesta".

El problema es que si se llega a desmontar el Esmad, llegaría una nueva fuerza que caería en lo mismo. No tiene sentido, sería un círculo vicioso. "Tienen que hallarse responsables porque hay quienes dan órdenes y hay quienes las ejecutan", dice, y agrega: "Hay quienes dicen que los manifestantes también hace uso de la fuerza, pero ellos no son Estado y tampoco utilizan armas como con la que asesinaron a Dilan. Están en desventaja".

Para Mario Hernán López Becerra, doctor en Paz, Conflicto y Democracia, y docente de la Universidad de Caldas, hay tres aspectos para el abordaje del Acuerdo de Paz en el marco de las protestas. El primero es que al haberse dado

fin al conflicto armado con las Farc, las exigencias sociales quedan libre de toda estigmatización y nadie puede alegar que hay una infiltración de guerrilla. En segundo lugar, el contenido de los acuerdos es una hoja de ruta para la agenda del país y como tal se debe cumplir.

Destacó que la mayoría de protagonistas de las manifestaciones es una generación que para la época de la política de seguridad democrática aún estaba en la infancia y para el inicio de los primeros acercamientos entre el Gobierno y las extintas Farc como grupo guerrillero, tenía unos 10 años. El experto interpreta que esta generación concibe la ruta de la paz como una construcción conjunta.

Acerca de la existencia del Esmad analiza los hechos de violencia recientes en el marco del paro nacional, como una mezcla entre infiltración, vandalismo y radicalismos. “Se debe dar la oportunidad de pensar en un cambio de doctrina, desde las Fuerzas Militares, sobre su papel frente a la protesta social”.

DEBATE EN EDUCACIÓN

Dos analistas tienen conceptos distintos sobre las actuales e intensas protestas de estudiantes y profesores de universidades y colegios estatales. Las peticiones tienen en común: más plata para la educación pública.

Juan Sebastián de Zubiría, director de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, lo interpreta como un acto desestabilizador del país.

Pablo Cuartas es doctor en sociología de la Universidad de París y profesor de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales. Les da la razón a los manifestantes.

Zubiría comenta: "Los acuerdos se han estado cumpliendo, los aportes se están haciendo, tenemos el presupuesto más alto en la historia en educación. Es una estrategia de desestabilización, más que solicitud de acuerdos que se incumplen".

Cuartas ve dos fuentes en el descontento estudiantil. Una es que pocos bachilleres tienen acceso a la universidad. "La cobertura no es suficiente, en las públicas, y el costo es alto, en las privadas".

Considera que los estudiantes detectan la desfinanciación de la educación superior pública y el fortalecimiento de la privada. "Esto desemboca en desigualdades laborales, profesionales y por consiguiente económicas".

Los acuerdos del 14 de diciembre del 2018 incluyeron, entre otros, destinar $4,5 billones adicionales en educación, reformas al Icetex, transferencias vía regalías y reducción de la carga tributaria de docentes. Para Zubiría se están cumpliendo.

Dice que muchas solicitudes requieren trámites que pueden durar más de un año. "Ese sería el debate de fondo. Las exigencias son algo difusas, lo concreto es el punto 8 que solicita cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno Santos y el actual con estudiantes, indígenas, trabajadores, Fecode y sectores campesinos y agrarios.

Para Cuartas basta con mirar las condiciones desfavorables en que enseñan los maestros de colegios para entender su malestar. "La remuneración es inferior a un trabajo que se hace en condiciones de precariedad".

Zubiría piensa que el paro es porque los estudiantes creen que se les está incumpliendo, cuando está ocurriendo lo contrario. Cuartas agrega que hay desconexión e incomprensión entre la sociedad civil y el Gobierno. "El Gobierno ha tratado de convertir reivindicaciones sociales en un lío de seguridad civil, que es importante, pero la discusión actual es social sobre educación, salud y empleo".