COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La noche del 31 de marzo, el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Soncoyato provocó el peor desastre natural en la historia reciente de Colombia luego de arrasar súbitamente siete barrios de la capital de Putumayo, dejando al menos 333 muertos, 76 desaparecidos y cerca de 22 mil damnificados.
La temporada de lluvias en esa época del año aumentó considerablemente el cauce de los ríos, lo que causó la avalancha sobre la población. Los barrios afectados fueron La Independencia, Miraflores, San Miguel, San Fernando, San Agustín, Los Prados y El Progreso.
Según las autoridades, el mal uso del suelo, la pérdida de cobertura vegetal, la falta de monitoreo de las fuentes hídricas, la falta de alistamiento y de limpieza de microcuencas y la falta de medidas de prevención fueron las causas que aumentaron la magnitud de la tragedia.
Siete barrios desaparecieron de la noche a la mañana.
Actualmente, existen tres procesos judiciales en contra de la actual gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exalcalde de ese municipio para el periodo 2012-2015, Elver Porfidio Cerón Chincuque, por presunta omisión con los planes de prevención.
Para Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, “el llamado que hace la tragedia de Mocoa y los desastres es que debemos enfocarnos en la prevención. Las administraciones locales y departamentales deben evitar construir en zonas que no son adecuadas y mitigar la vulnerabilidad en zonas de riesgo histórico”.
Denuncias
La avalancha se llevó todo a su paso.
En Mocoa, el miedo provocado por la tragedia de hace nueve meses, permanece en cada paso que dan sus habitantes, más con las denuncias que hace el alcalde, quien cuestiona la lentitud en las obras de recuperación, sobre todo las que tienen que ver con la reconstrucción de la bocatoma del acueducto
“Los contratistas –CD Smith y Findeter– son muy demorados, hemos elevado las peticiones al Gobierno Nacional, pero hasta el momento no nos ponen cuidado”, dice el mandatario, haciendo énfasis en su preocupación de que en marzo empieza la primera temporada de lluvias, lo que implica que el riesgo seguirá en su municipio, “y esos trabajos no los van a alcanzar a terminar en apenas tres meses”, agrega Castro, al resaltar que la inversión es de 28 mil millones de pesos.
Las denuncias son respaldadas por el coordinador de una de las tres veedurías ciudadanas, Ramón Apraes, quien manifiesta que, de no ejecutarse rápidamente las obras, los habitantes seguirán en riesgo.
“El llamado de atención es para que el Gobierno nos escuche y presione a los contratistas para que, rápidamente, entreguen los trabajos”, expresa el veedor, quien destaca que aunque el Gobierno ha estado atento desde el principio, ahora requieren de un nuevo empujón para que las obras se hagan.
Las preocupaciones también están relacionadas con el diseño del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que permitirá conocer cuáles serán los usos del suelo en las zonas donde ocurrió la tragedia y definirá qué se debe hacer con quienes no resultaron afectados, pero que permanecen en las zonas de influencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha iniciado su estudio.
Además, el alcalde resalta que aún falta que se inicien las verdaderas obras de estabilización y mitigación, pues las que hay son provisionales. “El municipio sigue aún en riesgo. Si no hay compromiso del Gobierno, para reubicar familias que hace décadas están asentadas en zonas de riesgo, el desastre podría repetirse”, dice.
Lo único que esperan en Mocoa es que las obras se realicen con la efectividad que las prometieron hace nueve meses, porque el temor con cada llovizna reaviva el recuerdo de la tragedia.
4 caldenses fallecieron en la tragedia de Mocoa. Ancízar Cárdenas, Óscar González, Laura Sofía González y María Alejandra González.
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