Tomás González renuncia al Ministerio de Minas y es investigado por la Procuraduría

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció al mediodía que el ministro de Minas y Energía, Tomás González, renunció a su cargo debido a que asumió la responsabilidad de la crisis energética, sobre la cual, afirmó: "estamos al límite".  

“El ministro de Minas y Energía, Tomás González, ha asumido la responsabilidad por la demora de estas medidas de ahorro y ha presentado su renuncia. Como presidente también hubiera preferido que este paquete de medidas las hubiéramos tomado con anterioridad”, dijo el primer mandatario.

Santos aseguró: “Lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno, pero sobre todo la confianza de los colombianos en el sistema eléctrico. He decidido, muy a mi pesar, aceptar la renuncia del ministro de Minas y encargarle esa cartera a la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez”, afirmó.

La crisis energética empeoró. El consumo de energía entre enero y febrero aumentó 5% en comparación al año anterior, por lo que los esfuerzos del Ministerio de Minas y Energía y Comisión Reguladora de Energía para incentivar el ahorro fueron insuficientes.

Esto, coincide con la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General contra el ahora exministro por la supuesta celebración de contratos con la empresa Connecta SAS, medida que fue anunciada por el jefe del ministerio público.

"Estamos al límite de un racionamiento"

El presidente dijo que la empresa XM, la encargada de los  modelos del suministro de energía del país, cambió su proyección sobre el nivel de los embalses, lo que sorprendió debido a que la misma había asegurado que no se estaba cerca de un racionamiento energético en el país.

“Infortunadamente el incendio que hace dos semanas dejó por fuera, de todo servicio a Guatapé, sumado al daño de Termoflores una de las plantas más importantes del Caribe, hizo que el país perdiera el 11 % de su energía (…). Estos daños nos ha puesto en serias dificultades. Estamos al límite”, sostuvo. 

Por lo anterior anunció que se premiará a los hogares colombianos que ahorren y se castigará a los que desperdicien.

“Por cada peso que ahorre el hogar, del consumo promedio, recibirá otro peso como incentivo. Si consume un peso más que el promedio, le vamos a cobrar el doble. Por ejemplo, si yo estoy consumiendo 100 y consumo 95, llega su ahorro y aparte en la factura siguiente va a poder pagar solamente 90”.

Para los grandes consumidores se les dará un incentivo para que generen su propia energía y sustituyan la que le compran a la red. Así mismo, aceptó la propuesta de Fenalco para que los comerciantes que tienen plantas eléctricas las prendan.

Para dar ejemplo, “todos los edificios del Gobierno deben apagar sus luces a partir de las 6 p.m., todos los días empezando hoy. Además, deben ahorrar un 10 % de energía los edificios del Gobierno”.

Santos invitó a todos los gobernadores, alcaldes, empresas e incluso medios de comunicación para que se unan a las medidas para evitar cortes de energía o razonamientos.

“Que no tengamos cortes de energía, que no tengamos un razonamiento depende del esfuerzo que todos hagamos a partir de hoy”, recalcó dos veces, el primer mandatario.

La Procuraduría abre investigación formal

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra el saliente ministro de Minas y Energía, Tomás González, por la supuesta celebración de contratos con la empresa Connecta SAS, en la cuál su esposa Ángela Baena, es representante legal.

La investigación busca establecer si se violó el régimen de inhabilidades en la suscripción de varios contratos entre 2013 y 2015 con la empresa, que fue creada por su familia con un capital inicial de 10 millones de pesos.

Así, se busca establecer si se incurrió "en alguna conducta irregular que constituya falta disciplinaria por su posible injerencia, intervención, participación o cualquiera otra indebida influencia sobre la contratación o las actividades desarrolladas por Connecta SAS con algunas entidades del Estado".

El caso

En este caso, la Procuraduría ha establecido que dicha empresa, el 9 de junio de 2011 amplió su objeto social y se anexó la realización de encuestas de carácter político y electoral.

En octubre de 2010 Tomás González, siendo viceministro de Minas y Energía, vendió su participación 20 % a su concuñado Michael Greiffenstein, se señaló.

La Procuraduría manifestó que González fue viceministro de Minas entre el 18 de agosto de 2010 y 5 de marzo de 2013, fecha en la que pasó a ser empleado de Connecta SAS.

Siendo González empleado de dicha firma la Presidencia de la República celebró con el Fondo de Programas Especiales para La Paz millonarios contratos con Connecta SAS, por más de mil millones de pesos.

Se indicó que en 2014 y 2015, siendo ministro González, se celebraron otros contratos con el mismo objeto “apoyar y asesorar a la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia en la elaboración, ejecución y análisis de las encuestas y sondeos con la finalidad de conocer las opiniones de los colombianos, de acuerdo a la solicitud previa”, por valores de $2600 millones y una adición por $3362 millones.

Luego, hubo otros contratos entre 2014 y 2015 entre Connecta SAS y el Ministerio de Educación por valor de $350 millones con el fin de brindar apoyo al ministerio en la evaluación de la percepción sobre la implementación de la jornada única escolar en los establecimientos educativos.

Las pruebas solicitadas

La Procuraduría procederá a hacer recolección de pruebas a fin de determinar si el él intervino o participó de alguna manera en la contratación de la empresa Connecta SAS con entidades del Estado, para temas de consultoría.

Entre los testimonios solicitados está el de la representante legal de Connecta SAS, el viceministro de Educación, William Libardo Mendieta Montealegre, y secretario general de esa cartera, así como de funcionarios de entidades de la Presidencia de la República.

Entre las pruebas está igualmente la copia de los contratos celebrados por Connecta SAS con entidades públicas desde 2009.