COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Hoy el caso Odebrecht se escuchará de nuevo en la plenaria del Congreso. Será el tercer debate que se le hará al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pero en esta ocasión con el ingrediente adicional de las grabaciones y pruebas que en vida entregó Jorge Enrique Pizano, las declaraciones que hizo ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades.
La esencia del debate es preguntarle al Gobierno cuál es su postura frente al escándalo de corrupción y el papel que ha jugado Martínez Neira en este entramado, pese a que se declaró impedido y delegó las investigaciones a la vicefiscal, María Paulina Riveros.
La línea del Gobierno parece ir en apoyo al jefe del búnker. El presidente, Iván Duque, manifestó en medios radiales que “el fiscal ha dado la cara”, haciendo referencia a la comunicación que emitió Martínez Neira tras la revelación de los audios.
“Creo – dijo Duque – que él tiene que seguir mostrando a la opinión pública esos argumentos, que creo los ha presentado oportunamente”.
Posteriormente, fue Guillermo Botero, jefe de la cartera de Defensa, quien hizo lo propio. En el debate de hoy, el turno le corresponderá a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien manifestó que el tema no se ha tocado.
A Martínez Neira lo llamaron en calidad de invitado, pues el Congreso no está facultado para citarlo a control político, por lo que es probable que no acuda. De hecho, la senadora Angélica Lozano, de las proponentes del debate, así lo señala: “Nuestro deber es hacer el debate y preguntarle al Gobierno Nacional la postura”.
El debate estaba programado para el 4 de diciembre, pero se adelantó ocho días por decisión de la Mesa Directiva de la Corporación.
Jorge Enrique Robledo, el otro citante al debate junto con Lozano y Gustavo Petro, ha sido enfático en manifestar que “Martínez se hizo nombrar fiscal para proteger y protegerse de las acusaciones de corrupción en la Ruta del Sol II que se sabía que venían, al igual que para cubrir a Juan Manuel Santos y a los demás dirigentes políticos a cuyas campañas electorales llegaron los sobornos”.
De los debates que se han dado en torno a este caso, quizá este sea el más complicado para Martínez Neira, porque, además, el tema del fiscal ad hoc podría resolverse este jueves, según lo anunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Barceló.
La solicitud de un investigador independiente de la Fiscalía tomó vuelo después de las revelaciones en los medios. Hasta la Procuraduría terció en el tema y en el concepto que envió al alto tribunal enfatizó que “en aras de proteger el derecho fundamental al juez natural, se le solicita a la Corte Suprema de Justicia que separe a María Paulina Riveros Dueñas y proceda a nombrar un fiscal ad hoc para todos aquellos procesos relacionados con Odebrecht”.
El tema, sin embargo, no es nuevo en la Corte Suprema. En abril del año pasado negaron la recusación que la entonces senadora Claudia López y Jorge Robledo interpusieron contra el fiscal. Con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas se desestimaron los argumentos de los legisladores que pedían que se declarara impedido al jefe del ente acusador.
“Existen serios indicios que permiten demostrar que el hoy fiscal y su firma de abogados Martínez Neira Abogados asesoraron de manera directa los proyectos de la Ruta del Sol y Navelena (…) Tiene una relación de cercanía en negocios y amistad con Luis Carlos Sarmiento Angulo, socios de Odebrecht en la Concesionaria Ruta del Sol, de la que se deriva la investigación por corrupción que lleva a cabo la Fiscalía”, señalaron en su petición.
En ese momento también dejaron en claro que de designarse a la vicefiscal María Paulina Riveros, “se estaría poniendo en riesgo la imparcialidad en tanto que el fiscal Martínez es superior jerárquico y funcional, por lo que se encuentra sometida a sus indicaciones”. Dicho escrito fue radicado ante la Corporación el 22 de febrero del año pasado.
El argumento para contrarrestar la solicitud de los legisladores estuvo fundamentado en que ni López ni Robledo eran sujetos procesales en el expediente. El magistrado Luis Armando Tolosa hizo salvamento de voto en aquella oportunidad.
Robledo aseguró que hay nuevas pruebas e indicios de la inhabilidad de Martínez y no se descarta que pida, como en los debates anteriores, su renuncia. Desde el búnker el tema se maneja con hermetismo y aún no confirman si el hombre que ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones conocidas asista al Congreso o, por el contrario, dejará en manos de Nancy Patricia Gutiérrez que se pronuncie en representación del Gobierno.
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