“A partir de una serie de visitas a estas compañías para establecer si cumplían o no con las normas legales relativas a la organización de sus sociedades, sus prácticas contables, libros y archivos; establecimos la informalidad de sus registros, ya que la información no coincidía con la reportada, además algunas, ni tenían sedes y solo era un lote. Esto nos dio a entender que no existían”, señaló Reyes.
Una vez practicadas las visitas que dieron como resultado una imposibilidad de identificar los libros contables de estas sociedades, sus estados financieros e incluso la ausencia de funcionarios de representación legal que pudieran dar explicación satisfactoria sobre los hechos; la Superintendencia abrió una investigación en contra de las mismas.
Dentro de las determinaciones de la Superintendencia está el requerimiento de información sobre aspectos jurídicos y contables y en caso de que no sean suministrados acorde a un tiempo determinado; la entidad podrá remover a los administradores y revisores fiscales y si es necesario decretar la liquidación de estas cuatro compañías.
Según Reyes, las medidas de sanción para estas cuatro sociedades, se tomarán en el curso de las próximas semanas, de acuerdo a la repuesta que den las mismas y le advierten a los empleados y directivos, que a partir de entrada la investigación, se prohíbe la constitución de garantías que recaigan sobre los bienes propios de la sociedad y enajenaciones u operaciones que no correspondan al giro ordinario de sus negocios, esto sin previa autorización de la Superintendencia.
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