Superintendente de Industria espera una emboscada por multa al gremio azucarero

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Las multas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) siempre son controvertidas y cuestionadas, especialmente y por supuesto, por los sancionados, que una vez cometen la falta no ven justo que se les haga un cobro pecuniario por infringir la ley.

Causa un sinsabor que puntualmente en la sanción de $324 mil millones impuesta a tres gremios, 12 ingenios y 14 altos directivos del sector azucarero, el Congreso plantee citar a debate de control político al superintendente, Pablo Felipe Robledo, representando dicha medida una ‘emboscada’ a la autonomía que debería tener este ente de control y vigilancia, entre otros aspectos, por el recurso que aún no se resuelve ante la misma instancia.

“Resulta muy inconveniente no solo por el hecho de que haya un recurso pendiente de resolver sino porque en el mundo entero las autoridades de competencia necesitan tener independencia de los factores políticos”, aseguró José Miguel de la Calle, ex superintendente de Industria y Comercio.

“Es altamente preocupante que por la estructura del Estado colombiano el superintendente esté sometido a una serie de interrogaciones que no necesariamente corresponden a la técnica jurídica”, agregó De la Calle.

Luis Fernando Velasco, presidente del Senado y representante de la Banca del Pacífico, indicó: “Respetamos las decisiones de la SIC, pero no se puede actuar como juez y parte. Es un fallo que coloca en riesgo a 190.000 empleos y golpea a la región pacífica social y económicamente”. El senador Carlos Fernando Motoa afirmó que se discutirán: “Cuáles son las inconsistencias, dudas o irregularidades que evidenciamos en el tránsito de esta sanción”.

Jairo Rubio Escobar, exsuperintendente de Industria y Comercio, explicó que el cargo de superintendente debe de tener una independencia de derecho de tal manera que esté alejado de intereses del Gobierno, económicos y políticos. “Es grave que en el proyecto de ley que modificaba la ley de competencia no se haya incluido esto”. Rubio precisó: “No está bien por una decisión hablar mal de la superintendencia, pues afecta la institucionalidad”.

La bancada del Pacífico también hizo un llamado para que examine a futuro las circunstancias, los montos y las cuantías de las multas que tienen los ingenios que fueron sancionados.

Sorprende que los parlamentarios cuestionan el monto de la multa, pero no las faltas que se pudo haber cometido por esta industria y algunos sin conocer el proceso en su fondo, descalifican la investigación de la SIC que se ha llevado a cabo por cinco años.

Para algunos analistas, además de que los congresistas del Valle quieran defender a un sector relevante de su región, prima el hecho de los aportes privados a las campañas. Las cifras del Consejo Nacional Electoral muestran que en las elecciones regionales de hace cuatro años a la campaña de la Alcaldía de Rodrigo Guerrero llegaron recursos por $60 millones, $25 millones y $20 millones de Riopaila Castilla, Manuelita e Ingenio San Carlos.

Germán Sahid, docente de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, expresó que la coyuntura ejemplifica cómo funciona el poder político en Colombia.

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Incauca, logró utilidades entre 2009 y 2014 de $489.981 millones y la multa impuesta fue de $49.059 millones, es decir representó 10% de las ganancias de ese periodo, mientras Central Tumaco que tuvo utilidades por $30.460 millones en el mismo periodo, le impusieron una sanción de $1.794 millones, que pesó 6% de sus ganancias.