Somos víctimas del Estado, no del conflicto

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

El teniente coronel retirado del Ejército Gabriel de Jesús Rincón Amado pidió perdón ayer. Lo hizo frente a los familiares de víctimas de cinco ejecuciones cometidas en el 2008 en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El militar, quien era el jefe de operaciones de la Brigada 15 del Ejército, que cometió estos crímenes, se presentó al inicio de la diligencia judicial junto a otro oficial, dos suboficiales y once soldados profesionales.

Ana Páez, madre de Eduardo Garzón y quien asistió a la audiencia, manifestó que lo que pretende por medio de la JEP es que aparezcan los verdaderos culpables. “Que no nos vayan a decir que fueron solo ellos. Los altos mandos tienen que presentarse y son los que tienen que pedirnos perdón públicamente, para esclarecer que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Nosotros no estuvimos ni somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Estado”, dijo.

Verdad

Los cinco hechos que la JEP investiga desde ayer tienen relevancia dentro del conflicto armado porque las víctimas vivían en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, y aparecieron sin vida meses después en municipios de Norte de Santander, con lo que se dieron a conocer los mal llamados "falsos positivos".

Según se declaró en la audiencia, Rincón Amado al parecer emitió la autorización para que unidades militares bajo su mando instalaran un retén falso y el operativo en el que simularon el enfrentamiento contra guerrilleros, en el que se vieron implicados dos de las víctimas.

A los 14 militares se les acusa de la muerte de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Diego Alberto Tamayo Garcerá, cuyos familiares asistieron a la audiencia, algunos de ellos con camisas en las que tenían impresas imágenes de las víctimas.

"En el momento en que sean citados por la JEP para audiencia de declaración de verdad, deberán ofrecer relatos de verdad plena, como condición de acceso y permanencia del tratamiento especial previsto en el componente de justicia", manifestó durante su intervención el magistrado Mauricio García Cadena.

El togado les advirtió a los acusados que en caso de dar información falsa de manera intencional o incompleta e incumplir las condiciones del sistema, la normativa prevé condiciones con consecuencias negativas.

Sanciones

De 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad y penas alternativas de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra. También se prevén sanciones ordinarias de entre 15 y 20 años de prisión para quienes no admitan su responsabilidad y sean condenados por esa jurisdicción.

Según cifras que el Ministerio de Defensa entregó a la JEP, 2 mil 159 miembros de la fuerza pública se han sometido a la justicia para la paz, de estos, 2 mil 109 son integrantes del Ejército.